José Ignacio Fernández Rubio, exalcalde del Ayuntamiento de Guadarrama –localidad a 41,2 kilómetros al oeste de la Comunidad de Madrid– por el PP, ha quedado finalmente «limpio» de la acusación del delito de prevaricación administrativa después de que la Audiencia Provincial de Madrid desestimara el recurso de apelación contra la sentencia absolutoria pronunciada por la magistrada titular del el Juzgado de lo Penal 14 de la capital de España, Almudena Chivas, el 18 de junio pasado.
El tribunal de la Sección 16 de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesto por los magistrados Miguel Hidalgo –presidente–, Francisco Javier Teijeiro Dacal y Pilar Alhambra Pérez, como ponente, dice en su fallo que la sentencia de primera instancia está motivada en todos sus argumentos.
Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, que representaba a los hermanos querellantes Jorge, Javier y Virginia Álvarez, herederos del empresario fallecido Luis Álvarez García, dueño de grupo de construcción Canta, solicitaron una condena de 10 años de inhabilitación para cualquier tipo de cargo público para el exalcalde.
El centro del conflicto estaba en una permuta de uso de unos terrenos, que estaban muy cerca del centro del pueblo de Guadarrama, por el uso de una parcela en los terrenos del futuro polígono industrial que próximamente se iba a construir a las afueras y la futura explotación comercial de un espacio en los mencionados terrenos.
Los hermanos querellantes solicitaban, además de la condena, 1.769.399,60 euros, como indemnización y 7.200.000 euros, en concepto de lucro cesante por las cantidades que dejaron de percibir por un contrato que tenían con Supercor, a razón de 288.000 euros anuales, durante 25 años
La juez de instrucción le impuso, en 2014, una fianza de 9,2 millones de euros a Fernández Rubio, lo que acabó con su carrera política, impidiéndole volverse a presentar como candidato al Ayuntamiento de Las Rozas en las elecciones de 2015.
Fernández Rubio fue después, de alcalde de Guadarrama, viceconsejero de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid y alcalde de Las Rozas.
“No puede admitirse que las irregularidades aducidas por las acusaciones del contrato de permuta de 2006, sean inadmisibles o insostenible mediante los cánones interpretativos admitidos en derecho (…) pues aunque dichas interpretaciones pudieran ser discutibles, las mismas no son de suficiente entidad como para configurar el delito de prevaricación, y constituir en consecuencia una ‘injusticia, clara y manifiesta, con verdadero y patente torcimiento del derecho por su total contradicción con el Ordenamiento Jurídico en su conjunto”, zanjó la sentencia del Juzgado de lo Penal, ahora ratificada por la Audiencia Provincial de Madrid, adquiriendo firmeza, con ello.
