La presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Teresa Peramato, ha denunciado este lunes la situación de «riesgo» e «inseguridad» que supone para los nacionales malienses la posibilidad de que el gobierno de España los esté deportando a su país de origen, a través de la utilización de vías indirectas.
En este sentido, Peramato ha manifestado la «indignación» de la UPF y su «preocupación» ante la posibilidad de que una vez en Mauritania estos ciudadanos sean trasladados «inmediatamente» a la frontera con Mali, una situación, ha subrayado, «incompatible con los derechos humanos».
Estas deportaciones «no cumplen con los estándares internacionales, ni de derechos humanos», ha apuntado la presidenta de la UPF, debido al conflicto bélico existente en el país. Ya en julio de 2019, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó que la prohibición del retorno forzoso a Mali debe mantenerse hasta que la seguridad, el estado de derecho y la situación de los derechos humanos en este país haya mejorado significativamente.
En este informe, ACNUR considera que actualmente es «imposible» conseguir un retorno seguro, digno y compatible con el cumplimiento de los compromisos internacionales, dado que el conflicto en Mali se ha agudizado en el último año, aun más con motivo de la incidencia que en el conflicto están teniendo los efectos del cambio climático.
El Defensor del Pueblo, explica la UPF en un comunicado, ha documentado en lo que va de año, al menos tres vuelos de repatriación a Mauritania desde los CIE de las Islas Canarias, con migrantes de terceros países subsaharianos, entre los que se incluyen nacionales de Mali.
La UPF señala que la utilización de vías indirectas, como lo ha sido la utilización del Convenio Bilateral firmado por España y Mauritania en el año 2003, bajo la única presunción de que las personas deportadas transitaron por ese país, es un «atajo intolerable cuando hablamos de la protección de derechos humanos de las personas más vulnerables del planeta».
