El ministro de Justicia, y su equipo (a la izquierda), en la reunión que ayer tarde mantuvo con los representantes sindicales de Justicia (a la derecha). Foto: MJ
Campo presenta el Plan Justicia 2030 a los sindicatos
CSIF reclama al ministro que la mejora de condiciones de trabajo sea uno de los pilares del proyecto
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05/3/2020 17:04
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Actualizado: 06/3/2020 16:52
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El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se reunió ayer con los representantes de Justicia de los sindicatos para presentarles, como viene haciendo con todos los operadores jurídicos y el sector, las principales líneas de trabajo que emprenderá su departamento en esta legislatura.
Campo les ha informado del alcance del Plan Justicia 2030, centrado en la mejora de este servicio público y les ha pedido «participación, colaboración y compromiso» para la puesta en marcha de este programa.
Durante el encuentro, también se han abordado las principales preocupaciones de los agentes sociales en torno al futuro Registro Civil, así como demandas relativas a las diferencias retributivas existentes entre los ámbitos territoriales de la Administración de Justicia.
Los sindicatos denunciaron la «grave discriminación salarial en el complemento específico que sufren los funcionarios del territorio Ministerio respecto del resto de sus compañeros destinados en las comunidades autónomas con competencias de Justicia».
El ministro ha manifestado su «voluntad» de impulsar el diálogo con los sindicatos y con todos los agentes y operadores jurídicos para “avanzar, desde el máximo consenso, en el conjunto de medidas legislativas, organizativas y tecnológicas que la Justicia necesita”.
Todo ello será debatido y negociado en las Mesas que van a convocarse “con carácter inmediato” para integrar estas reivindicaciones dentro del Plan Justicia 2030 y llegar a “los máximos acuerdos posibles” con los representantes sindicales, según Campo.
Por parte del Ministerio, acompañaron al ministro el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero; el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues; la directora general para el Servicio Público de Justicia, Concha López-Yuste; el subdirector general de Programación de la Modernización, Francisco Cabo, y el subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Administración de Justicia, José Ramón Crespo.
Por parte de los sindicatos asistieron Javier Jordán de Urríes, presidente de CSIF Justicia; Vicente Navarro, secretario general de STAJ; Luis Calero, secretario general del sector de CC OO de Administración de Justicia; Victoria Carrero y Carlos Álvarez, de FeSP-UGT; Óscar Freixedo, delegado de CIG del sector Justicia e Imanol Oyarzábal, delegado de ELA del sector Justicia.
LAS REIVINDICACIONES DE CSIF
CSIF ha señalado hoy en un comunicado que está “dispuesto a participar de forma constructiva en este proyecto” de Justicia 2030 que gira en torno a tres ejes fundamentales: acceso a la Justicia, eficiencia de la Justicia y transformación digital-interoperabilidad, “siempre y cuando se incluya una apuesta decidida por el capital humano de la Justicia”, así como mejoras laborales y retributivas para todos los cuerpos (letrados, cuerpos generales y cuerpos especiales)”.
Indica que el ministro les trasladó un mensaje de “tranquilidad” en materia de implantación de tribunales de instancia y sobre los planes de reducción de partidos judiciales.
“Aseguró, que el planteamiento del Ministerio nada tenía que ver con los últimos proyectos presentados, a los que CSIF se opuso, ya que suponíam la eliminación de muchos centros de destinos y el cierre de juzgados”, ha explicado a Confilegal Javier Jordán de Urríes Sagarna, presidente de CSIF Justicia.
Indica que el ministro les explicó que se está estudiando un modelo de justicia de base junto con los tribunales de instancia que permitiría mantener abiertas las sedes judiciales actuales y que dijo que una cosa es el nombre que se dé al órgano judicial y otra que tenga que estar en una misma sede.
Javier Jordán de Urríes cuenta que CSIF manifestó a Campo que, en todo caso, “se deben garantizar la estabilidad de las plantillas y las retribuciones de todos los funcionarios de Justicia”.
Explica que en materia de nueva oficina judicial y fiscal, el ministro anunció su voluntad de finalizar el proceso de implantación en su ámbito, “aunque, preguntado por CSIF, reconoció que hay que hacer ajustes”.
Para CSIF, el modelo de oficina debe ser objeto de un análisis objetivo y de ajustes para dotar a las unidades, servicios con personal suficiente y que se favorezca la promoción profesional.
Además, según el presidente de CSIF Justicia, “el ministro abogó por reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y dar la instrucción a los fiscales”.
“Reconoció que el proceso hasta que se haga realidad va a ser muy largo”, añade.
Cuenta que en este sentido, su sindicato le reclamó que se garantice la estabilidad de las plantillas y las retribuciones.
Javier Jordán de Urríes también informa que Campo se muestra «favorable» a apoyar el modelo de Registro Civil dentro de la Administración de Justicia, gestionado por funcionarios del sector, y que se muestra «abierto a aprovechar la proposición de ley presentada por el PP para conseguir este objetivo».
“Una vez aprobada, el Ministerio de Justicia pretende implantar el nuevo modelo de forma muy progresiva, sin prisas y previa negociación con las organizaciones sindicales, de la organización interna del mismo”, detalla Javier Jordán de Urríes.
“Anunció que el programa informático que dará soporte al nuevo sistema de Registro Civil está ya listo para ser utilizado”, añade.
Informa que CSIF entregó al ministro un dossier con el acuerdo firmado por el propio Ministerio y todas las organizaciones sindicales en 2014 donde se potenciaban las funciones de los Juzgados de Paz y agrupaciones de Juzgados de Paz con dotación de personal de Justicia. Le trasladó a Campo que ese preacuerdo podría servir de base para articular un modelo de Registro Civil cercano al ciudadano con competencias procesales, de mediación y de Registro Civil.
Asimismo, el presidente de CSIF Justicia explica que también pidió al ministro que no se pierda ni un minuto para asegurar una transición tranquila hacia el nuevo modelo en el que los funcionarios de Justicia destinados en este servicio público -especialmente del Cuerpo de gestión, pero también de tramitación y auxilio- «deben ser protagonistas y ver reconocido el trabajo que realizan cada día».
En este sentido, el ministro “garantizó que antes del 30 de junio se sabrá qué va a pasar con el Registro Civil para que no haya sobresaltos al llegar esa fecha como en años anteriores”, según explica Javier Jordán.
Además, informa que CSIF pidió la convocatoria «inmediata» de la mesa de negociación del ámbito del Ministerio para abordar y poner solución a la “grave discriminación retributiva en el complemento específico del personal destinado en el ámbito del Ministerio de Justicia”.
“No se trata tanto de la pérdida de poder adquisitivo de entre un 12,9 y un 17,6% desde 2010 y que ha afectado a todos los empleados públicos, sino de la diferencia de unos 6.000 euros anuales de promedio respecto de los gestores, tramitadores, auxilios judiciales y médicos forenses destinados en el País Vasco”, indica el presidente de CSIF Justicia.
Denuncia que la diferencia retributiva supone una “discriminación inaceptable” y que “el Ministerio debe poner dinero encima de la mesa empezando por los fondos adicionales que tiene bloqueados desde 2017”.
“Unos fondos adicionales cuyo cálculo debe ser actualizados con el IPC y los incrementos salariales aplicados a las nóminas en los últimos años”, especifica.
Dice que “con los fondos no es suficiente y habrá que buscar fórmulas para que el complemento específico de este ámbito sea homologable a los más altos dentro de la Administración de Justicia”.
Por otro lado, informa que CSIF presentó a Campo unas reivindicaciones que ya le trasladó por carta con motivo de su nombramiento.
CSIF reclama la negociación de la carrera profesional en los términos establecidos en el artículo 519.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; la revisión de la orden de guardias; la recuperación del «complemento de violencia sobre la mujer”; un “reparto con criterios objetivos de la productividad”; que se establezcan mecanismos de provisión de puestos de trabajo “transparentes” (sustituciones, comisiones de servicio y bolsa de interinos); que se restablezca una promoción interna «real y efectiva»; que se revise el sistema de sustituciones a letrados; que se proceda a la adecuación salarial de los Cuerpos de Justicia, en especial, letrados, médicos forenses y facultativos; y que se conviertan las categorías de letrados en «verdaderas categorías personales y no sujetas a consolidación por ocupar puestos determinados».
Este sindicato también pide que se recupere la resolución del concurso en el año natural y con resultas para todos los Cuerpos; se establezcan medidas de conciliación laboral y familiar «efectivas»; se apueste por una formación «de calidad cumpliendo con la función del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) de ser el instituto de formación de todo el personal de Justicia; que se cumplan íntegramente los acuerdos firmados en años anteriores (cotizaciones sociales); se negocien los planes de igualdad; y que se desarrolle el área de prevención de riesgos prestando atención a la concurrencia de administraciones competentes en materia de personal que se concitan en un órgano judicial o fiscal.
CSIF manifiesta que ofrece al ministro un acuerdo multianual que recoja el incremento del complemento específico como prioridad, así como alguno de los puntos citados.
Además, este sindicato se ha dirigido al Ministerio de Hacienda y al de Justicia para que se habiliten las partidas de gasto necesarias en los presupuestos para cubrir todas estas mejoras para el colectivo.
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