El magistrado del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, cerró ayer el curso «Justicia y Estado de Derecho» de la Universidad CEU San Pablo en El Escorial con una advertencia que no dejó lugar a la ambigüedad.
La polarización extrema, dijo, tiene un desenlace concreto y peligroso: «esto lo que nos lleva es algo que a mí me aterra, lo digo claramente, que es la creación de imaginarios patrióticos».
Campo no habló como un magistrado que despacha doctrina desde la distancia.
Habló como alguien que ha pasado, según Ignacio Ulloa, letrado del Tribunal Constitucional y exjuez del Tribunal General de la Unión Europea, recordó el moderador en la presentación, por los tres poderes del Estado: la judicatura, donde conserva plaza en la Audiencia Nacional; el Ejecutivo, como ministro de Justicia entre enero de 2020 y julio de 2021 con Pedro Sánchez; y el Legislativo, como diputado y portavoz de Justicia del Grupo Socialista en el Congreso entre 2016 y 2019.
Democracia, ciudadanía y justicia, «un gazpacho» que hay que defender
El magistrado construyó su intervención sobre una tesis central: democracia, ciudadanía y justicia son «tres elementos clave» de la convivencia, y esa convivencia atraviesa un momento frágil. «
Hay una polarización extrema, hay una negación del adversario, hay una incomodidad ante lo complejo, porque vamos al reduccionismo, el simplismo», advirtió. «Me quedo con el titular, no leo la noticia».
Citando al fallecido Jürgen Habermas y al filósofo surcoreano Byung-Chul Han, Campo situó el papel de los medios de comunicación de masas y de las redes digitales en el centro de lo que llamó «recesión democrática».
De ahí, según explicó, se llega a un escenario en el que «desde paraguas democráticos realmente lo que están haciendo es combatir la democracia, porque se rechazan las reglas democráticas, se niega la legitimidad del adversario político».
Ese es, precisamente, el terreno abonado para los «imaginarios patrióticos»: la deriva por la que, en nombre de la seguridad o del orden, se termina justificando la restricción de derechos fundamentales.
«Yo tengo una libertad, que es derecho fundamental, que es la capacidad de deambulación de ir a donde me dé la gana, salvo que no esté prohibido», recordó, citando también el derecho de reunión como garantía que no necesita autorización previa salvo por razones de orden público.
«La transparencia es la muerte de las instituciones»
Uno de los pasajes más provocadores de la charla llegó cuando Campo, citando al filósofo Byung-Chul Han, distinguió entre control institucional y exposición total.
Defendió que la rendición de cuentas sobre patrimonio o incompatibilidades sí es necesaria y debe existir, pero rechazó que eso se traduzca en un escrutinio exhaustivo de la vida privada de cada cargo público —si tiene una hipoteca de 1.500 euros o un coche de doce años—, algo que calificó, en la línea de Han, de «pornografía» institucional.
Para ilustrarlo recurrió a una comparación con la vida en pareja: querer fiscalizar cada movimiento del otro no es confianza, es una «personalidad sociopática».
«La transparencia es la muerte de las instituciones o la vida en pareja», resumió. «Porque no nos gusta sentirnos vigilados». Lo que sostiene una institución, insistió, no es la exposición total sino la confianza ciudadana.
Jueces protagonistas: «un poder contramayoritario»
Campo dedicó buena parte de su intervención a explicar por qué los tribunales han pasado a ocupar un papel que no tuvieron en el siglo XIX de los parlamentos ni en el XX, de los ejecutivos.
Entre las causas: la lentitud inevitable de la justicia frente a la voracidad mediática —»juicios paralelos» en los que los investigados «están condenados desde el minuto uno»—, la incapacidad del legislador para seguir el ritmo de una sociedad que cambia deprisa, y el recurso constante de la propia clase política a los tribunales para resolver lo que no se atreve a decidir en sede parlamentaria.
El resultado, en sus palabras: la justicia se ha convertido «de una manera espontánea natural, por el peso de la democracia, en un poder contramayoritario».
Y alertó de que ese protagonismo tiene un coste, porque cuando el legislador calla o la ley es oscura, «en pequeñas dosis, el juez está creando el derecho, está creando la ley».
Reforma sin diseño
Sobre la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia procesal, Campo se mostró cautamente esperanzado pero exigente: «puedo darle 10.000 millones de euros y no arreglar la justicia», advirtió, insistiendo en que las políticas incrementalistas de las últimas décadas no han bastado.
Reclamó un «diseño» real del servicio público judicial, apostó por los tribunales de instancia como herramienta para reducir «la imprevisibilidad de las resoluciones judiciales» y volvió a defender una vieja idea suya, hasta ahora sin recorrido: la figura del «juez divulgador», para que explique a la ciudadanía el alcance de las resoluciones sin necesidad de recurrir a tertulianos ajenos a la causa.
Cerró citando a Martin Luther King —»la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes»— y reivindicando, frente al ruido, «la cultura del libro» y la capacidad de contraargumentar como antídoto frente a la mediocracia.
