Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Salvador Illa, ministro de Sanidad, en la Comisión de seguimiento del Coronavirus
Los expertos en derecho del trabajo plantean medidas al Gobierno para mitigar el impacto del coronavirus
Sindicatos y abogados laboralistas destacan lo novedoso de esta situación y la necesidad de que los costes de esta crisis no acaben en empresas y trabajadores
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12/3/2020 06:30
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Actualizado: 04/2/2021 13:03
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En vísperas del Consejo de Ministros extraordinario que tendrá lugar este jueves para que el Gobierno presente su batería de medidas para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria del coronavirus, organizaciones sindicales y expertos en derecho del trabajo apuntan algunos criterios de esas medidas
Para Rafael Giménez-Arnau, presidente del Foro Español de Laboralistas (Forelab) y socio del departamento de derecho laboral de Garrigues “hay que darse cuenta que se están planteando situaciones para las empresas y para las personas trabajadoras que son novedosas y que no encuentran una solución ajustada en la actual normativa laboral y de Seguridad Social”.
A su juicio “el aspecto en el que más se ha avanzado es el referido a la situación de las personas que se han contagiado del virus o que están en aislamiento preventivo”.
Recuerda que el Real Decreto-Ley 6/2020 de 10 de marzo, que incluye medidas para mejorar la protección de las personas trabajadoras afectadas por el COVID-19, «considerar que aquellas contagiadas o en aislamiento preventivo se encuentran en incapacidad temporal asimilada a accidente de trabajo«.
“Ello supondrá que percibirán la prestación desde el día siguiente al de la baja laboral por importe del 75% de la base reguladora, con cargo a la Seguridad Social”, aclara este experto.
«Asumiendo que las empresas deben cumplir en primer lugar con todas las medidas de prevención y de protección de la salud, debería prevalecer como bien jurídico a proteger el mantenimiento de la actividad empresarial o profesional”.
Y destaca que “ a este respecto, el impacto de la epidemia y de las medidas sanitarias no pueden implicar una traslación automática de los costes a las empresas (o incluso a los propios trabajadores)”.
El presidente de FORELAB, cree que en relación con las empresas “se echan en falta medidas que faciliten el mantenimiento de la actividad, mediante la agilización de los procedimientos de flexibilidad interna”.
Rafael Giménez-Arnau, presidente de Forelab y socio de laboral de Garrigues.
También considera que “se podrían desarrollar otras medidas como por ejemplo el dotar de una mayor claridad a la posibilidad de aplicar el teletrabajo de forma unilateral, siempre que las circunstancias de la actividad empresarial lo permitan”.
Giménez-Arnau indica que “en materia de expedientes de suspensión de contratos o de reducción de jornada, no se ha realizado ningún desarrollo».
Por ello, subraya, «sería deseable que desde la administración se aportara mayor claridad a los supuestos de aplicación de fuerza mayor frente a los ERTES ordinarios”.
Asimismo, cree “conveniente aprobar medidas que reduzcan el impacto en las empresas que se vean obligadas a iniciar los procedimientos de suspensión de contratos».
En este sentido, apunta, «se podría retomar la exención del pago de la aportación empresarial de cotizaciones en caso de suspensión de contratos derivada de estas circunstancias excepcionales”.
Otra cuestión que destaca es que “sería apropiado reducir el impacto en las plantillas, reforzando la protección pública de los empleados suspendidos, considerando, por ejemplo, las prestaciones por desempleo derivadas de estos procedimientos como no consumidas”.
Propuestas sindicales
Por su parte, UGT y CCOO han elaborado un documento que recoge una serie de medidas extraordinarias que han enviado ya a las organizaciones empresariales (CEOE y CEPYME) y al Gobierno, con el fin de cubrir las posibles situaciones y contingencias derivadas del coronavirus en el ámbito laboral.
«Los escenarios en que pueden verse, tanto las personas trabajadoras como sus empresas, no encuentran respuesta adecuada en la actual normativa laboral y de seguridad social, resultando insuficiente», afirman.
Además, tanto el criterio 2 /2020, sobre consideración como situación de Incapacidad Temporal (IT) derivada de enfermedad común de los periodos de aislamiento preventivo sufridos por los trabajadores y trabajadoras como consecuencia del coronavirus como la guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus publicada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, carecen de rango normativo y no ofrecen soluciones a las situaciones generadas por el coronavirus.
Por ello, ante la urgencia de la situación y su excepcionalidad, para UGT y CCOO es «imprescindible» que se dicte un Real Decreto-ley en el que, además de articular un conjunto de medidas laborales y de seguridad social que den seguridad jurídica a empresas y personas trabajadoras, se habilite un fondo de ayuda extraordinario para cubrir las mismas.
Los secretarios generales de CC.OO., Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez.
Entre las medidas que plantean se encuentran la necesidad de que se trate como enfermedad profesional la consideración del aislamiento preventivo sufrida por los trabajadores afectadas por el coronavirus.
También piden que se configure una prestación, de carácter extraordinario, que cubra la pérdida de ingresos en un 100% en los casos de suspensiones de contrato de trabajo por cuarentena, cierre de centros escolares, de centros de día o restricciones de movilidad.
Y que se pueda al mismo tiempo articular un procedimiento específico para los supuestos en los que, siempre que justifique debidamente la concurrencia de causa el empresario, previo acuerdo con la representación legal de las personas trabajadoras, se decida proceder a la suspensión total o parcial de la actividad laboral o reducciones de jornada como consecuencia de los efectos del coronavirus.
Una situación nueva que necesita plan de choque
Por su parte, Pilar Cascón, responsable del área laboral y seguridad social del estudio jurídico Almagro y secretaria general de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) apunta que “estamos ante una situación muy compleja por su novedad».
Apunta que comparte las peticiones de los autónomos de ATA y la conjunta de los sindicatos, «aunque en mi opinión llega tarde el Gobierno con las medidas que está tomando esta semana”.
Esta jurista recuerda que este miércoles “ya se ha publicado en el BOE el RD que en su artículo 5, establece la consideración de baja por accidente de trabajo tanto por contagio como por aislamiento, aunque no define qué es aislamiento».
En este sentido, se pregunta si «es necesario o no que haya un caso declarado en tu entorno laboral para poder acogerse a esta opción”.
Cascón “se plantea la duda de si encaja en este supuesto aquellos trabajadores que se han visto obligados a quedarse en casa por la decisión de cierre de los centros educativos, además de que podía el Gobierno haber incluido ese supuesto de forma clara”.
Pilar Cascón, responsable del área laboral y seguridad social del estudio jurídico Almagro.
También cree que estaría “el supuesto en el que en el seno de la empresa por prevención se decide cerrar temporalmente para evitar tener que tramitar un ERTE, con el despliegue de formalidades que esto supone solo para 15 días que es en lo que se estima suficiente el aislamiento”.
“Sebe aclararse cuanto antes qué hacer en estas circunstancias con los trabajadores que no tienen ni mayores ni menores que cuidar».
Apunta que «la solución del teletrabajo no es viable para miles de negocios, comercios, clínicas, incluso los propios abogados estamos acudiendo a tribunales con el riesgo de contagio, por no hablar de testigos de juicios, etc.».
Esta experta cree que el Gobierno “tendría que incluir una calificación con carácter general de situación de epidemia como causa de fuerza mayor que permita suspender los contratos de trabajo con algún sistema urgente para tramitarlos”.
En su opinión “tramitar un ERTE de suspensión o incluso extinciones en algunos casos puede suponer un tiempo que no está claro que podamos contar con él”.
También recuerda que “son ya los trabajadores los que no quieren en muchos casos seguir trabajando, porque se está proponiendo como medida preventiva desde el Ministerio de Sanidad y las consejerías autonómicas no usar transporte público y quedarse confinado en el domicilio y evitar lugares públicos”.
A su juicio “es en la administración en la que debe recaer la carga de asumir los costes, tanto de Seguridad Social como de salario, pero para todo tipo de trabajador, no solo los que tienen menores o mayores que atender por el cierre de centros educativos”.
«Si hacemos recaer en las empresas la carga de asumir los costes de esta situación declarada por la propia administración como epidemia, los negocios sin actividad real podrán situarse en situación de concurso y se verán afectados muchos trabajadores que podrían llegar a ver extinguidos sus contratos de trabajo”.
En cuanto a la medida de recurrir a los permisos retribuidos o no retribuidos o utilizar las vacaciones para cubrir estas contingencias, asegura que «no es lo que corresponde, aunque pueda ser una medida express, en tanto se adopta la decisión de seguir los procesos legales de suspensión, pero está claro que estos tienen que tener una tramitación simplificada y urgente».
Cascón cree que también hay que atender a los autónomos, que están pidiendo medidas urgentes, «sería bueno que estuviera previsto por el Gobierno adoptar medidas con respecto a aplazamientos y moratorias de pagos de créditos fiscales, obligaciones tributarias y de seguridad social, así como establecer líneas de crédito, pero ya veremos en qué términos”.
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