La Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) ha pedido, a través de un comunicado, a la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) la creación de un fondo de ayuda económica para los colegiados que cuente con una aportación del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
El portavoz de ALTODO, Isidro Moreno, ha explicado a Confilegal que esta medida completaría la partida de un millón de euros en ayudas económicas, aprobada este lunes por el ICAM para paliar los efectos económicos del coronavirus en los colegiados más vulnerables.
Este fondo de ayuda económica que reclama ALTODO estaría dotado no solo de aportaciones del propio ICAM sino también mediante una aportación del CGAE, detraída del fondo de reserva que existe en dicho organismo, en proporción a la cuota que éste Colegio abona para el sostenimiento del consejo.
Sobre las cuotas colegiales, Moreno celebra la decisión del ICAM de conceder la suspensión del pago correspondiente al segundo trimestre del año para los colegiados que lo soliciten –prorrateando su devolución durante el año 2020-2021–, ya que va en línea con las reivindicaciones de la asociación que representa.
En este sentido, el portavoz de ALTODO apunta que entiende la disparidad de acuerdos de los colegios profesionales en relación a las cuotas, ya que «no es lo mismo un colegio con 500 o 1.000 colegiados que uno con 87.000», pues una condonación total de las cuotas para algunos colegios podría suponer la quiebra económica.
Por ello, subraya, ALTODO reclama ese fondo de ayuda económica, con aportación del CGAE, porque es «mucho más solidario y mucho más realista» de cara a ayudar a aquellos letrados a los que las medidas restrictivas derivadas del COVID-19 les ha colocado en un «estado de precariedad».
Por otro lado, pide que a los colegios de abogados insten a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, al Ministerio de Justicia y a la Consejería de Justicia de la comunidad autónoma a que acepten la inclusión en las actas de declaración policial o judicial de una cláusula por la que el ciudadano manifiesta si autoriza a los Colegios de Abogados y a la comunidad autónoma para la consulta de su información económico patrimonial a efectos de analizar si reúne o no los requisitos para la concesión del beneficio de justicia gratuita.
El objetivo, explica Moreno, es alcanzar una «resolución uniforme para todas las comisarías de todo el territorio nacional» y «evitar desplazamientos de los letrados a las oficinas de enlace, y reducir el uso de papel, y por tanto, el riesgo de contagio de todos los operadores».
Sobre las medidas de protección frente al coronavirus en las sedes judiciales y policiales, ALTODO destaca que «no se están cumpliendo los requisitos mínimos en multitud de asistencias».
Por este motivo, piden de nuevo a la Junta de Gobierno del ICAM que se «proteja eficazmente la salud de la abogacía de oficio poniendo a su disposición todos los medios necesarios, a cuyo fin hacemos responsables directos y solidarios a los Colegios de Abogados, a quienes exigimos requieran a las administraciones y organismos competentes, incluido el CGAE, para que adopte los citados medios para salvaguardar la salud de los letrados».
Asimismo, advierten en el comunicado, que en caso de no cumplirse con dichas medidas se procedería a suspender el servicio de asistencia letrada al detenido hasta que se adopten las correspondientes medidas de protección. Algo que ya sucedió la semana pasada en el Colegio de Abogados de Málaga.
ALTODO, concluye el comunicado, solicitando que se mantengan plenamente operativos los servicios esenciales del ICAM, aun cuando temporalmente dicha prestación se haga mediante teletrabajo, siempre que sea posible, «para buscar todas aquellas fórmulas que la tecnología y la legislación permitan a efectos de garantizar la íntegra y plena prestación del servicio de justicia gratuita, incluidos los SOJ».
De manera que, «en ningún caso pueda afrontarse esta crisis sanitaria mediante un mero portazo a los ciudadanos carentes de recursos», ya que se trata de «una Corporación de Derecho Público obligada a seguir gestionando y prestando un servicio público esencial».
