La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) pide al Gobierno una simplificación de la tramitación de las moratorias hipotecarias de modo que éstas no tengan que pasar por el notario.
Bastaría con un contrato privado con firma electrónica del banco y fotocopia de los DNI enviados telemáticamente al Registro para su inscripción.
La asociación recuerda en un comunicado que la moratoria de las hipotecas no supone una extinción de las obligaciones, sino una modificación contractual.
Para la asociación presidida por Patricia Suárez, la fórmula propuesta da «suficiente seguridad jurídica a las partes, es más rápida y supone un ahorro de costes».
Por otra parte, añade, el Registro «debería extender la gratuidad de las notas índices a la inscripción de las moratorias o como mucho, articular una tarifa plana para cubrir el coste de gestión».
La Autoridad Bancaria Europea (EBA), recuerda la asociación, ha publicado una guía sobre las moratorias, legislativas o no, de manera que todos los europeos tengan acceso en las mismas condiciones.
Entre otras, se indica que el aplazamiento solo afecta al calendario de pagos, es decir, suspende, pospone o reduce los pagos (capital e intereses) pero en ningún caso las condiciones económicas del préstamo, en especial el tipo de interés aplicable. Un extremo que el Registrador debería comprobar para evitar abusos.
«Requisitos muy exigentes»
Asufin insiste en que el Ejecutivo introduzca un elemento de flexibilidad en el cumplimiento de los cuatro supuestos que exige la norma para acogerse a la moratoria.
Según los datos recabados por la asociación, solo un 10% de éstos puede acceder a la moratoria hipotecaria, ya muchas familias no cumplen con los cuatro requisitos.
Asufin valora positivamente que las entidades financieras estén articulando fórmulas para facilitar aplazamiento a las familias que no pueden acceder a las moratorias, pero advierte que se trata de una solución más cara para los usuarios puesto que tendrán que pagar los intereses mientras dure el aplazamiento.
Asimismo, remarca la conveniencia de seguir evaluando al solvencia del prestatario para evitar situaciones de sobreendeudamiento y adaptar el aplazamiento a su situación concreta.
