El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha designado a Antonio Garrigues Walker, para presidir la Comisión que coordinará la elaboración del anteproyecto de Ley del Derecho de Defensa.
Vaya por delante el respeto y admiración por Antonio Garrigues Walker, como el reconocimiento de haber creado un emporio del derecho con gran proyección internacional, del que forman parte prestigiosos juristas, catedráticos, ex-jueces, ex-fiscales, etcétera.
Pero tal nombramiento genera una sombra de duda, preocupación y desasosiego a todos los abogados y abogadas que integran el Turno de Oficio.
Para muchos de ellos, actividad fundamental y principal fuente de ingresos para su subsistencia.
Sin que olvidemos a las procuradoras y procuradores que también lleva el Turno de Oficio.
Hace tiempo que venimos escuchando, en algunos foros, la pretensión de la privatización del Turno de Oficio.
Golosa tarta para los supergrandes despachos de juristas. Y es ahí donde surge la preocupación por la designación efectuada por el Ministro de Justicia.
No sabemos aún quienes formaran parte de esa comisión, confiemos que en la misma se integre a representantes de los “abogados de calle”, a las diferentes asociaciones de abogados, como la de Abogados Jóvenes, y otras agrupaciones y a los propios Colegios de Abogados y Procuradores.
Representación de las abogadas y abogados que van a las comisarías de Policía y cuarteles de la Guardia Civil, a cualquier hora a la que sean llamados, incluso de madrugada, a los juzgados de guardia, a las prisiones, a los calabozos, a la celebración de juicios rápidos.
Por eso es necesario que el Turno de Oficio, continúe en lo que respecta a control, dependencia y recursos, de la Administración, ya sea la Estatal o la de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Hace años, se privatizo el Servicio de Intérpretes.
Desde entonces lo prestan compañías privadas.
Ahí el resultado.
Seguramente supuso y lo continua siendo un abaratamiento de costes para la Administración, pero cómo es el servicio, tardanzas y demoras en la comparecencia, en muchas ocasiones, bajo nivel y ninguna formación en el lenguaje jurídico, traslación de las declaraciones de forma libre y arbitraria.
Ello es debido, según muchos de ellos comentan, a los bajos “salarios”, por su intervención.
Ese modelo, podría reproducirse con la privatización de Turno de Oficio, lo que no olvidemos perjudicaría gravemente al justiciable, y a la Justicia en general, hoy amenazada por varios flancos.
Las abogadas y abogados, procuradoras y procuradores de los tribunales que integran el Turno de Oficio, prestan sus servicios con responsabilidad y con profesionalidad, con entrega y empatía a cada uno y uno de los asuntos y clientes que les son designados.
Por ello, estos que viven día a día el derecho de defensa, son los que tienen que tener voz y voto en esa Comisión del Anteproyecto de Derecho de Defensa y que esa función que tan dignamente ejercen en el Turno de oficio, no pase a manos privadas.
