La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) no es un bloque monolítico en torno al caso de su director de Comunicación, Alfonso Merlos, a quien los medios televisivos han convertido en el foco de sus informaciones por su vida sentimental.
Es cierto que todos entienden su derecho a la intimidad y a la privacidad y que comparten esta visión.
Sin fisuras.
Lo que ha provocado la división no ha sido eso sino la irrupción de la progresista Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA), que ha pedido el cese de Merlos, poniendo en tela de juicio el contrato mercantil que su empresa, Trocadero Comunicación S.L., mantiene con el ICAM, y su cifra, 181.500 euros anuales.
Una partida presupuestaria conocida por la abogacía madrileña y que había sido votada y aprobada en las Juntas Generales de 2018 y 2019.
Era un dato que en absoluto se ocultó y que cualquier colegiado ha podido consultar en la web del ICAM.
El estado de alarma que vivimos desde hace 45 días, que ha paralizado el ejercicio profesional de la abogacía, por un lado, y la insatisfactoria respuesta, en forma de ayudas más decididas a los colegiados afectados por la situación, ha propiciado que esto tome una importancia que, en otro tiempo y con condiciones normales, no hubiera tenido.
Las informaciones que están apareciendo en televisiones, radios, diarios digitales y de papel, y las opiniones que se vierten en redes sociales, por parte de algunos miembros del Colegio, están haciendo su mella en parte de la Junta de Gobierno.
Según ha podido saber Confilegal, al menos cinco de sus miembros, de los catorce que conforman dicha Junta, están a favor de que se cese a su director de Comunicación, rescindiendo su contrato mercantil, por el daño que todo este asunto está haciendo a la imagen y reputación del Colegio.
Los nueve restantes se dividen en posturas que van de los indecisos, a los silenciosos y a los pro Alfonso Merlos, militantes y decididos.
Confilegal habló ayer con varios.
Uno de ellos, la tesorera, Mabel Zapata, declinó –muy nerviosa– contestar a ninguna pregunta.
La Junta de Gobierno tratará el asunto en la reunión que se ha convocado para el próximo lunes
