Agustín Ferrer, nuevo presidente de la Abogacía valenciana: "El plan de Justicia no escucha a los abogados"

Agustín Ferrer, nuevo presidente de la Abogacía valenciana: «El plan de Justicia no escucha a los abogados»

8 / 05 / 2020 17:51

Actualizado el 08 / 05 / 2020 18:19

Agustín Ferrer Olaso, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Alzira, ha sido elegido presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA), en el pleno telemático celebrado ayer por la tarde, que contó con la participación de todos los consejeros de la institución.

Ferrer ha sido elegido por unanimidad y sucede así en el cargo a Antonio Esteban, a quien ha agradecido su labor y trabajo durante el último año en el que ha estado al mando de la institución.

Agustín Ferrer, abogado con una larga trayectoria en el ejercicio profesional, está al frente del Colegio de Abogados de Alzira desde 2019, cargo que le llevó a ser consejero del CVCA. Asimismo, es consejero del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y árbitro del Consejo Valenciano de Cooperativismo.

Es especialista en derecho cooperativo y ha sido profesor en la Escuela de Practica Jurídica y el Instituto Valenciano de Seguridad.

Ferrer ha agradecido al CVCA la confianza que han depositado en él y ha manifestado a Confilegal que esta decisión supone un orgullo para el Colegio de Abogados de Alzira, institución que preside, porque «es un reconocimiento a la labor que hemos desarrollado como colegio».

Asegura que trabajará para que la Abogacía valenciana ocupe el lugar que le corresponde en las instituciones y en la sociedad civil.

El plan de choque de Justicia, decepcionante

Su mandato comienza en un contexto complicado como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

En este sentido, ha reconocido la labor de la abogacía en estos difíciles momentos, en los que «muchos despachos están aguantando o, directamente, han tenido que cerrar», explica, «porque no tienen una manera de trabajar normalizada, ni los clientes se pueden desplazar a los despachos, ni tienes un acceso a los juzgados».

Por eso, reclama que los juzgados abran de manera inmediata. «No podemos seguir aguantando esta situación». «Es muy difícil hacer valer hoy un derecho con los juzgados cerrados», ha agregado.

Ferrer ha recordado que «hay un retraso considerable de aquellos juicios que se han tenido que suspender», en concreto, «se calcula que hay más de 20.000 juicios suspendidos».

Frente a todo esto hay que buscar una solución que, a su juicio, no pasa por dividir a los funcionarios en turnos de mañana y tarde. «Tenemos que dotarles de medios, es decir, más funcionarios que al final hagan más horas y saquen los expedientes».

El nuevo presidente del CVCA considera que «el plan de choque del Ministerio de Justicia ha resultado claramente decepcionante, por cuanto es un plan de choque que es meramente de maquillaje».

En relación a una de las medidas más discutidas, habilitar parcialmente agosto, Ferrer cree que «no es una solución». En su opinión sería más positivo «concentrar las vacaciones en el mes de agosto, de tal manera que el resto de meses tradicionales de verano, como junio, julio y septiembre, se trabaje al 100%».

«Lo que no podemos tener es un carrusel de vacaciones durante esos meses, de tal manera que los funcionarios estén de vacaciones y los juzgados estén a medio gas durante cuatro meses».

Apunta que celebrar juicios en agosto puede llevar a la suspensión de muchos por el contexto vacacional. Esto obliga a «volver a empezar un mecanismo que es muy largo y muy costoso».

«Cuando realicemos una medida, no pensemos en lo que va a salir en prensa o lo que al final va a ser más efectista, sino lo que va a ser más real».

Por tanto, concluye, «es un plan que realmente a la abogacía valenciana no nos gusta, no nos gusta porque no cuenta con los abogados, que somos los que estamos día a día en los juzgados y conocemos cuál es la mecánica de trabajo».

Reivindica que los abogados sean escuchados en la toma de decisiones referentes al ámbito judicial, “porque solo así podremos hacer efectiva la defensa de los derechos de la ciudadanía».

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