La tesorera del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Mabel Zapata, ha despejado la única duda –cuándo– que quedó en el aire el pasado lunes, tras la celebración telemática de la Junta de Gobierno del pasado lunes, en la que se tomó la decisión de que Alfonso Merlos permanezca al frente de la Dirección de Comunicación pero transformando el contrato mercantil vigente con su empresa en otro laboral o de autónomo.
«Estoy revisando el contrato y tomaremos una decisión la próxima semana«, ha declarado Zapata a elconfidencialdigital.
De esta manera, la tesorera ha puesto plazo –de lunes a viernes de la semana que viene– a la decisión final a tomar por la Junta de Gobierno del ICAM.
Era un dato que había quedado en el aire y que no había sido precisado.
También ha confirmado que es ella –una conocida abogada fiscalista– la responsable de revisar el contrato mercantil con Trocadero Comunicación, S.L., la empresa de Merlos, con la que el Colegio había contratado unos emolumentos de 181.000 euros anuales, por los servicios del comunicador.
Según el acuerdo alcanzado en la Junta de Gobierno del lunes pasado, se revisaría el contrato de Merlos y su transformación por otro laboral o de autónomo. No se precisó, sin embargo, los emolumentos, aunque se dio por hecho que serían sensiblemente inferiores a los indicados.
Sobre el proceso de contratación con Trocadero Comunicación, muy contestado por la Asociación Libre de Abogados y Abogadas y la Unión de Abogados Españoles, Zapata afirmó que “Legalmente no estamos obligados, porque no somos una empresa pública”.
Sin embargo, como corporación de derecho público, que entraña una doble naturaleza privada-pública y por el hecho de que recibe subvenciones, está obligada por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno el Colegio está obligado a informar sobre la decisión que se tome en este caso.
La propia Zapata es consciente de dicha obligación de transparencia al asegurar que se están esforzando en realizar los procedimientos de contratación con esa luz.
“Hemos hecho un protocolo, posteriormente a esto, de compra de proveedores que nos obliga a pedir siempre tres presupuestos para ver cuál es el mejor. Las últimas contrataciones, por ejemplo la del director general, la hemos hecho así. viendo como mínimo a tres personas”, ha afirmado.
