World Compliance Association, Cumplen, Instituto de Oficiales de Cumplimiento, y la Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales (ASEBLAC) han propuesto al Ministerio de Justicia que se forme un grupo de trabajo que fije los criterios necesarios que deben cumplir los peritos en materia de «Compliance» con el objetivo final de que se cree un Registro único cuyos integrantes cumplan con dichos requisitos.
La propuesta es la contestación de las cuatro asociaciones mencionadas a la iniciativa de una quinta asociación, la Asociación Española de Compliance (ASCOM), de crear un registro privado de expertos en cumplimiento normativo que pondría después a disposición de los tribunales y jueces, con el fin de que éstos lo utilizaran en los casos en los que fuera precisa una valoración técnica en los casos bajo su jurisdicción.
A esta iniciativa de ASCOM se le dio publicidad en redes sociales y medios de comunicación.
«La comunicación anterior, se realizó induciendo a error a los profesionales mediante la emisión de videos y programas formativos de carácter privado con la imagen y nombre de jueces del Supremo y Audiencia Nacional, además de profesionales de entidades públicas. Se añade, además, que para el acceso a esa formación, el requisito imprescindible consiste en estar en posesión de un certificado de esta misma entidad y estar asociado a la misma«, afirman las cuatro asociaciones en un comunicado dirigido al Ministerio de Justicia, al que ha tenido acceso Confilegal.
Las mencionadas asociaciones que, en esta ocasión, responden en grupo a la anterior, dicen agrupar a más de 2.300 profesionales entre los que se encuentran los responsables de las principales empresas del IBEX en España, los principales despachos jurídicos en España y la mayoría de las grandes consultoras-BIG4.
El escrito, que está firmado por los presidentes de la World Compliance Association, Diego Cabezuela Sáncho, de Cumplen, Carlos Sáiz, del Instituto de Oficiales de Cumplimiento, Antonio del Campo de los Santos, y de ASEBLAC, Juan Luis Martínez-Carande Corral, explica al Ministerio de Justicia, y en consecuencia a su titular, Juan Carlos Campo, que la profesión de «Compliance Officer» (o responsable del cumplimiento normativo) no es una actividad que esté regulada en España.
«Por lo que para su acceso o ejercicio no se puede exigir de manera directa o indirecta, estar en posesión de determinadas cualificaciones profesionales», aclaran.
CONSIDERAN NECESARIAS DOS COSAS
Y explican al Ministerio que en el caso de designación de peritos, en profesiones no reguladas, se está haciendo por sorteo de las listas que han de elaborar anualmente los Tribunales Superiores de Justicia de las listas que faciliten “los sindicatos, asociaciones o entidades” que agrupen a los profesionales de que se trate, en este caso, de «Compliance».
No de una asociación concreta.
Las cuatro asociaciones consideran necesarias dos cosas: el reconocimiento, por parte del Ministerio, de la profesión de responsable de cumplimiento normativo y la creación de un registro público de peritos expertos en «Compliance», en respuesta a la propuesta del registro privado promovido por ASCOM.
«En aras de la seguridad jurídica nuestra propuesta, en la cual estaremos encantados de participar, sería contar con el conocimiento y experiencia de las Asociaciones firmantes de esta carta para elaborar una Guía o cualquier forma de regulación que el Ministerio de Justicia estime conveniente, que establezca cuales son los registros de expertos en Compliance que puedan actuar como peritos, así como los requisitos que dichos expertos, tanto en conocimientos como en experiencia deberían acreditar para ser incluidos en dicho registro», afirman.
«Nuestra propuesta se encamina a la existencia de un registro único cuyos integrantes cumplan con los registros establecidos. De esta forma, se evitará la arbitrariedad y la aplicación de diferentes requisitos en menoscabo de la calidad del peritaje de Compliance», subrayan.
