La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha abierto un expediente administrativo en el que requiere a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente que exija la «responsabilidad ambiental» a aquellas personas físicas y jurídicas que han podido influir en la «contaminación y degradación del Mar Menor», con el fin de conseguir la «reparación de los daños causados».
Indica que ha incoado este expediente, número 9/2020, al amparo de lo dispuesto en la Constitución Española, en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Ambiental (que traspone la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004), y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y recuerda que la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Ambiental, «ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico un régimen administrativo de responsabilidad ambiental de carácter objetivo e ilimitado, basado en los principios de prevención y de que «quien contamina paga», al margen e independientemente de la existencia de otros procedimientos penales, civiles o administrativos.
La Fiscalía Superior de la Región de Murcia hizo ayer este requerimiento a la Consejería, como administración pública competente, para que proceda a incoar los expedientes administrativos que correspondan para exigir la responsabilidad ambiental a quienes han podido influir en la contaminación del Mar Menor, con el fin de conseguir la reparación de los daños causados, y la adopción de las medidas de prevención adecuadas para la evitación de nuevos vertidos contaminantes al Mar Menor por esos operadores.
En caso de su incumplimiento por parte de éstos, pide que se proceda a la ejecución forzosa de aquellas actuaciones a costa de los responsables, con el fin de devolver los recursos naturales dañados a su estado original.
La Fiscalía apremia a que los operadores económicos que se hayan beneficiado con su actividad, causando un daño al Mar Menor o a su entorno natural, sufraguen el total de los costes a los que asciendan las correspondientes acciones preventivas o reparadoras, y al margen de cualquier culpa, dolo o negligencia que haya podido existir en su comportamiento.
Se exige que las empresas que hayan causado este daño paguen los costes. En caso de que sean insolventes, no se personaran o no existiera ya esa empresa pide que paguen los costes o reparación las empresas que se han beneficiado.
Asimismo, reclama a la Consejería que tenga por personado al Ministerio Fiscal en esos expedientes administrativos que se inicien, y que se le notifique directamente todas las resoluciones que se dicten para, en su caso, iniciar la Fiscalía la vía contencioso-administrativa, en aras a promover la acción de la justicia en defensa del principio de legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley.
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