«La Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA) ha errado el tiro denunciando a la presidenta de la Fundación Zaballos, doña Emilia Zaballos Pulido, y a su compañero, el abogado José Ignacio Sánchez Rubio, ante la Comisión Deontológica del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. La acusación de estar ofertando servicios profesionales a los familiares de las personas que han perdido a seres queridos no tiene ningún fundamento. Cuando llegue el momento oportuno, será demostrado. No nos preocupa«.
De esta forma tan categórica contestaron fuentes de la Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos Constitucionales a la denuncia que ayer hizo pública ALA, la asociación de abogados progresistas.
ALA ha solicitado, además, que se incoen los correspondientes expedientes disciplinarios contra Zaballos y contra Sánchez Rubio para que, «de manera inmediata, cesen en su ilícita publicidad», a la que también denominan «publicidad fraudulenta».
Zaballos y Sánchez Rubio forman parte de un grupo de 11 abogados que apoyan a una plataforma, despues.info, formada por familiares de 3.268 personas fallecidas por el COVID-19 la cual ha interpuesto una querella ante la Sala de lo Penal del Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los cuatro vicepresidentes, Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera, y los 18 ministros miembros restantes del Consejo de Ministros por supuestos homicidios imprudentes.
En la querella, los abogados –que dicen haber renunciado a cualquier tipo de emolumento– solicitan al Alto Tribunal que se tome declaración a los 23 miembros del Consejo de Ministros y, además, se les exija fianza.
A juicio de ALA, el anuncio de la querella contra los miembros del Gobierno por parte de «un grupo de abogados penalistas de varios puntos de España» y en nombre de «familiares que hayan sufrido la pérdida de algún familiar como consecuencia del COVID», solicitando la «maxima difusión» es prueba suficiente.
Además acusa a Sánchez Rubio, quien militó en VOX y después formó un partido, Derecha Liberal Española, de replicar esa publicidad a través de la web mencionada.
La querella se gestó con la iniciativa del grupo de abogados, apoyados por esta Fundación.
«Ni la señora Zaballos ni ninguno de los 10 abogados restantes han hecho publicidad de ningún tipo. De hecho, la señora Zaballos puso ayer una denuncia por injurias ante los Juzgados de Plaza de Castilla por el uso indebido de un audio suyo, que se asoció, sin su permiso ni conocimiento, a una serie de imágenes y palabras con las que no estamos en absoluto de acuerdo ni lo compartimos», añadieron las mismas fuentes.
ALA CREE QUE SE ESTÁ HACIENDO PUBLICIDAD ENCUBIERTA
Según la denuncia de ALA, que está firmada por su presidenta, Ángeles Chinarro Pulido, los abogados que colaboran con la plataforma de damnificados está supuestamente vulnerando el artículo 6 del Código Deontológico de la Abogacía, que declara que «la oferta de servicios profesionales, por sí o mediante terceros, a víctimas directas o indirectas de catástrofes, calamidades púbicas u otros sucesos que hubieran producido un elevado numero de personas afectadas o sus herederos y causahabientes, en momentos o circunstancias que condicionen la elección libre de abogado y, en ningún caso, hasta transcurridos 45 días del hecho».
Desde la Fundación Zaballos, recuerdan que «una de nuestras misiones es dar respaldo a aquellas personas, o grupos de personas, que hayan visto vulnerados sus derechos fundamentales. El dolor de las víctimas está por encima de todos. Nuestro objetivo es conocer la verdad».
