La guerra está servida en Eurona Wireless Telecom, una empresa de telecomunicaciones que basa su estrategia de negocio en hacer llegar Internet a sitios donde no están presentes los grandes operadores del sector.
El consejo de administración comunicó el pasado 30 de abril su intención de solicitar el concurso voluntario de acreedores por la grave realidad económica y financiera, haciendo aflorar un enfrentamiento directo entre los administradores y miles de accionistas minoritarios.
La solicitud de concurso se formalizó el 18 de mayo.
El origen del conflicto se remonta a la reestructuración iniciada a mediados de 2018 con ayuda del fondo estadounidense Magnetar y la Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, que inyectaron inicialmente 30 millones de euros para evitar la ejecución de las deudas acumuladas.
La teleoperadora cerró ese ejercicio con unas pérdidas económicas de 106 millones de euros. Compensar estos número rojos requirió, por un lado, un nuevo préstamo por valor de 27 millones de euros a manos del primer fondo y, por otro, una importante reducción de capital.
Paralelamente a esta operación acordeón se constituyó una estructura societaria en Luxemburgo, Global Satelite Technologies (GST), a la que se terminan traspasando los negocios rentables de Eurona y cuyo control van concentrando estos dos acreedores a medida que la deuda se convertía en capital.
Hasta el punto que Magnetar ha aumentado su participación a aproximadamente el 80% y la mutua al 13%. De forma paralela el porcentaje de Eurona fue pasando del 100% inicial al 7% actual, limitando las posibilidades de que los accionistas recuperen su dinero.
QUERELLA
En vista de esta situación, un grupo de inversores afectados tanto por el hundimiento de la cotización como por su posterior suspensión estudia presentar una querella contra los directivos de Eurona por presunta gestión delictiva.
Al frente de la acción judicial está Iuris & Factor, el despacho responsable de canalizar esta denuncia colectiva en nombre de cientos de accionistas y que trabaja estos días en la elaboración de un informe pericial económico.
Desde el despacho sospechan que se trata de una insolvencia punible y que el traspaso de poder producido en GST es constitutivo de delito. De hecho, afirman que pudo haber administración desleal ya que el procedimiento de reestructuración «habría tenido como objetivo, en realidad, trasladar los negocios rentables de la empresa a otra sociedad de nueva creación, dejando en Eurona Wireless telecom SA únicamente las deudas».
Esta misma tesis ya fue planteada en la junta general de accionistas del 2019. En aquella convocatoria los pequeños propietarios de GST, que entonces poseían un 10%, rechazaron la gestión del del consejo de administración, contra el que iniciaron una acción social de responsabilidad por considerar que había vaciado la sociedad.
“En las juntas de accionistas no respondían a algunas preguntas que les planteábamos», expone Gustavo, uno de los inversores afectados que se están organizando en plataformas.
Un portavoz oficial de la compañía reconoce el derecho de estos inversores a emprender acciones legales. Al mismo tiempo declara que la refinanciación fue respaldada judicialmente y todos los acuerdos contaron con la mayoría suficiente de la junta de accionistas. «Sólo tenemos un objetivo en el que seguimos trabajando que es preservar el trabajo de la plantilla». En 2018 se ejecutó un ERE que afectó a un tercio de su fuerza laboral.
Fuentes del despacho apuntan a una presunta estafa como tercer delito imputable. Así lo estiman por la decisión de la cúpula directiva de traspasar las tres principales líneas de negocio (satélite, comunicaciones Wifi y comunicaciones fijas) de Eurona a GST mientras Magnetar Capital iba concediendo préstamos con la condición de que a cambio podría recibir un porcentaje de capital de la nueva sociedad como compensación. A su vez, denuncian que tras concluir este traspaso se continuaron promocionando negocios bajo la marca comercial Eurona.
