El Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares ha archivado las diligencias abiertas para investigar el origen de la difusión de un vídeo sexual en mayo de 2019 de una trabajadora de la fábrica de Iveco de San Fernando de Henares que se quitó la vida como consecuencia de ello.
Ayer se cumplió un año de su muerte.
El archivo, que tiene fecha de 27 de enero y se ha conocido esta semana, se produce por «falta de autor conocido», según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La magistrada Ana María Gallegos Atienza se hizo cargo del caso tras recibir el atestado policial del suicidio, que investigó si fue una antigua pareja de la fallecida o ella misma por un error la que propagó por primera vez esas imágenes íntimas.
Los agentes analizaron el vídeo que se filtró y comprobando quiénes lo compartieron y si la mujer pudo sufrir acoso por este motivo por parte de algunas personas de la empresa en la que trabajaba.
La mujer, de 32 años y madre de dos hijos pequeños, estaba preocupada tras la difusión del vídeo por lo que opinaría su marido, que lo vio. En ese momento, la mujer padeció una crisis nerviosa.
Al día siguiente, 25 de mayo, se suicidó en su casa.
Tras la reforma del Código Penal de 2015, a raíz del caso de Olvido Hormigos, se establece una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses al que, “sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona”.
CCOO DENUNCIÓ A IVECO ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
CCOO, sindicato al que estaba afiliada, presentó una denuncia contra Iveco ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid el 31 de mayo de 2019.
CCOO considera que lo ocurrido es «un accidente de trabajo y que, además, la empresa no activó el protocolo de acoso sexual, incumpliendo así la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley orgánica de igualdad efectiva entre mujeres y hombres».
El sindicato está ahora a la espera de que la Inspección de Trabajo dictamine una resolución.
