Cuatro de los cinco sindicatos de Justicia han suscrito este preacuerdo que consideran muy justo. Foto: Confilegal.
CSIF, STAJ, UGT y CIG firman un preacuerdo con el Ministerio sobre tribunales de instancia, carrera profesional y teletrabajo
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18/7/2024 06:30
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Actualizado: 18/7/2024 10:51
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En un avance significativo para la justicia en España, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha alcanzado un preacuerdo crucial con CSIF, STAJ, UGT y CIG en el marco de la Mesa Sectorial de Justicia. CC.OO. ha optado por quedarse al margen.
Este preacuerdo, que aún está en tramitación parlamentaria, busca mejorar la eficiencia del Servicio Público de Justicia y proteger los derechos de los consumidores y usuarios.
UN PASO HACIA LA MODERNIZACIÓN
El preacuerdo se enmarca dentro del Proyecto de Ley Orgánica que pretende transformar la Administración de Justicia mediante la creación de Tribunales de Instancia y un nuevo modelo de Oficinas Judiciales en los municipios.
Los puntos fundamentales a los que han llegado ambas partes son los siguientes:
LAS CLAVES
Cobertura general: Todo el personal de la Administración de Justicia se verá beneficiado por este acuerdo, que se basa en el principio de buena fe negociadora.
Negociación colectiva obligatoria: La constitución de los nuevos Tribunales de Instancia y Oficinas Judiciales deberá pasar por una negociación colectiva previa, garantizando la participación activa de los sindicatos.
Garantías laborales: Se asegura que no habrá reducción de personal ni de retribuciones. Las actuales plantillas y relaciones de puestos de trabajo (RPTs) permanecerán intactas y las retribuciones complementarias de los funcionarios no disminuirán.
Estructura de las oficinas judiciales: Se permitirá la creación de áreas dentro de las oficinas judiciales para optimizar la tramitación de los procedimientos. En tribunales con más de doce plazas judiciales, se establecerá al menos un área en el servicio común de tramitación.
Promoción y teletrabajo: Se comprometen a ofrecer plazas para promoción interna y a regular el teletrabajo, incluyendo una enmienda al proyecto de ley para este fin.
Carrera profesional y registro civil: Se iniciarán negociaciones sobre la carrera profesional y las relaciones de puestos de trabajo en el Registro Civil, buscando mejoras en estas áreas vitales para el personal de justicia.
El preacuerdo recupera el 50% de reserva de plazas de promoción interna para todos los cuerpos. Se trata de una reserva de plazas sobre la Oferta de Empleo Público anual.
COMPROMISOS DE FUTURO
Asimismo también contempla futuros compromisos de negociación para temas críticos:
Real Decreto Básico de carrera profesional: Negociación prevista para el primer semestre de 2025.
Registro Civil: También a negociarse en el primer semestre de 2025.
Eliminación de grupos de población: Enfocado en la supresión del grupo IV para el segundo semestre de 2025, con la posibilidad de revisar y eliminar otros grupos en el futuro.
CSIF subraya los logros alcanzados en el acuerdo reciente. «La negociación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO, ahora LOESPJ) para la implantación de los Tribunales de Instancia es un logro significativo, ya que el Ministerio ahora acepta negociar leyes que afectan las condiciones de trabajo del personal de Justicia», explica Javier Jordan de Urríes, presidente de CSIF Justicia.
«Aunque siempre hay aspectos mejorables, este acuerdo representa importantes avances en la negociación de leyes y condiciones de trabajo para el personal de Justicia», concluye.
CCOO, por su parte, ha argumentado su negativa «a un acuerdo sobre la Ley de Eficiencia que, lejos de mejorar las condiciones laborales y retributivas del personal de Justicia, acepta recortes de derechos muy importantes y que nos ha costado mucho esfuerzo conseguir y mantener» y ha avanzado que mantendrán el «conflicto con la Administración mientras persistan sus actitudes clasistas y discriminatorias hacia los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia y recurriremos a la movilización siempre que sea necesario para reclamar nuestras legítimas reivindicaciones».
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