El anteproyecto de ley de asistencia jurídica gratuita está «muy, muy, muy avanzado» y comenzará su tramitación formal «en las próximas semanas».
Así lo aseguró el miércoles por la tarde en Barcelona Aitor Cubo, director general de Transformación Digital del Ministerio de Justicia, durante la segunda mesa redonda celebrada en el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) sobre la necesidad de renovar la actual ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que ya ha cumplido 30 años y que, en muchos aspectos, está obsoleta.
Una mesa que incluyó a Cesáreo Rodríguez, viceconsejero de Justicia del gobierno de Canarias; Alfonso Gómez Fernández, viceconsejero de Justicia del gobierno vasco; Maite Arezana Sarasola, directora general de Justicia del Gobierno de Navarra; Judith Monje, directora de la Gerencia del Departamento de Justicia de la Generalitat catalana, yMaría Jesús Moro, portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Congreso.
La moderación corrió a cargo de Carlos Berbell, director de Confilegal.
Cubo confirmó que el texto mantiene el modelo de prestación del turno de oficio a cargo de profesionales de la abogacía —descartando la vía funcionarial que existe en otros países— y que incluye un título específico dedicado a regular las funciones, derechos y obligaciones de esos profesionales.
Digitalización y pago en plazo
Cubo subrayó dos novedades que consideró «relevantes». La primera, la apuesta por el funcionamiento electrónico integral del sistema: formularios normalizados para solicitar la asistencia, tramitación automatizada de las comisiones y certificaciones telemáticas.
El objetivo declarado es acabar con los retrasos en el cobro que sufren los abogados —que actualmente pueden acumularse hasta tres o cuatro meses— eliminando la cadena de papel que los provoca.
«Si conseguimos orientarlo al dato, el proceso puede hacerse de manera inmediata», afirmó, poniendo como ejemplo la reducción a la mitad del tiempo de tramitación del proceso monitorio en Murcia gracias a esa misma filosofía.
La segunda novedad apunta a las oficinas de Justicia en el municipio como puerta de acceso también a la justicia gratuita, mediante videoconferencia con el colegio correspondiente. Un modelo pensado especialmente para la España rural y que el Ministerio quiere pilotar en Castilla y León.
Los gobiernos autonómicos: baremos, universalización y coste creciente
Cesáreo Rodríguez, viceconsejero de Justicia del gobierno canario, pidió que la futura ley les transfiera tasas, depósitos, multas y resto de recursos económicos que genere la administración de justicia con finalidad de afrontar el gasto generado por la justicia gratuita.
Y planteó una pregunta de fondo que ninguna administración puede responder todavía: ¿va esta ley hacia una homogeneización de baremos y retribuciones o hacia una universalización de la justicia gratuita?
Son dos caminos distintos, con costes distintos, y ninguna ficha económica los ha acompañado. Canarias mueve en torno a 34 millones de euros anuales solo en este concepto. Cada nueva categoría de beneficiarios que incorpora el legislador nacional —sin transferencia adicional de recursos— recae sobre las comunidades.
Planteó además la posibilidad de que el ciudadano pueda elegir a su abogado dentro del turno de oficio, siempre que existan cupos que eviten la concentración, y reclamó mecanismos de control más transparentes sobre quién accede realmente al beneficio de la justicia gratuita y qué ocurre con las costas cuando ese acceso no estaba justificado.
El viceconsejero de Justicia del País Vasco, Alfonso Gómez Fernández, fue el más directo al señalar la tensión estructural del sistema.
«La justicia es un servicio público y uno de los pilares del Estado de Derecho», arrancó, para añadir que garantizar la igualdad en el acceso a ella no es opcional.
El modelo vasco ha sido citado en repetidas ocasiones como referencia por su financiación estable y anticipada, y por la participación de la abogacía en la elaboración de los presupuestos.
Preguntado sobre si es exportable, Gómez Fernández fue cauteloso: «Depende del presupuesto de cada territorio». En 2023 subieron el módulo un 14%, después de años de congelación, y en 2025 el incremento es del 5,4%. Aun así, la negociación con el Consejo de la Abogacía vasca es continua.
La directora general navarra, Maite Arezana Sarasola, aportó una perspectiva doble: la de una comunidad pequeña que ya ha resuelto buena parte de los problemas técnicos que el Ministerio aspira a generalizar, y la de una administración que, pese a ello, ve cómo el gasto crece año tras año sin freno visible.
Sobre el proceso de elaboración, Arezana confirmó haber participado en alguna de las tres reuniones del grupo de trabajo con las comunidades autónomas. No ha visto ningún borrador escrito, pero extrajo una lectura positiva de la última sesión: «Me dio la impresión de que el Ministerio está recogiendo muchos de los planteamientos que hemos hecho, las pegas que podemos ver. Están escuchando».
Confió en que en la próxima reunión se presente ya algún texto.
En materia de digitalización, Navarra está más avanzada que la mayoría. Los cuatro colegios de abogados de la comunidad trabajan con un formulario unificado, la documentación llega telemáticamente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y existe interoperabilidad plena con los juzgados, incluidas las impugnaciones.
Pero el presupuesto es otra historia. La comunidad financia la asistencia jurídica gratuita con crédito ampliable, lo que significa que la partida se ajusta a la demanda real con independencia de lo previsto.
El problema es que la demanda no para de crecer: cada ejercicio marca un récord histórico de expedientes. Y la casuística se complica: Navarra acaba de poner en marcha un nuevo servicio de guardia de disponibilidad —ocho horas semanales en turnos de cuatro horas— para atender a familias o representantes de menores víctimas de violencia sexual que necesiten asesoramiento urgente.
«Todo esto nos va incrementando el presupuesto. Vamos cada vez a más y a más», asumió.
Por eso, la reivindicación que más consenso cosechó en toda la mesa fue la homogeneización de los conceptos retribuibles entre comunidades.
Ahora mismo comparar lo que hace cada administración es prácticamente imposible: Navarra tiene siete tipos de guardias diferentes, otras comunidades tienen menos, y cada una ha ido construyendo su propio catálogo de actuaciones. «Cuando alguien dice que está muy mal y tú intentas comparar, es imposible», resumió Arezana.
Un mínimo común de conceptos básicos, con margen para que cada territorio añada lo que necesite, fue la propuesta de consenso.
Judith Monje abordó el debate sobre el período de experiencia exigido para acceder al turno de oficio. El Consejo General de la Abogacía ha pedido reducirlo de tres años a uno. La directora de la Gerencia catalana apoyó buscar ese equilibrio: suficiente experiencia para garantizar calidad, pero un umbral que no ahuyente a los recién licenciados en un sistema que envejece sin reposición de efectivos.
«Hemos de lograr tener un turno de oficio que sea atractivo. Pero que te pida muchos años de experiencia, pues va a dejar de serlo, porque para cuando puedas darte de alta quizá ya tendrás otros intereses», razonó.
La oposición: transparencia en la elaboración y dudas sobre el calendario
La portavoz del Partido Popular en la Comisión de Justicia del Congreso ocupó en la mesa el lugar más incómodo: el de quien representa al principal partido de la oposición en un debate técnico donde la mayoría de los presentes son administraciones prestacionales —varias de ellas gobernadas por el PP— que llevan meses esperando un texto que no llega.
Moro lo dijo sin rodeos: «Me consta que las comunidades autónomas han venido preguntando al Ministerio por un texto básico para poder trabajar. Siempre se les dice que es una mera ley y que ya habrá audiencia cuando haya anteproyecto. Eso no es hacerlo entre todos».
Cuestionó también el marco conceptual con el que el Gobierno ha presentado la iniciativa. Si el director general acaba de confirmar que no habrá un nuevo modelo —que se mantiene la colaboración público-privada con los colegios de abogados—, entonces quizás habría que hablar de una modificación profunda de la ley vigente y no de una ley nueva.
«Puede que hubiera que haber rebajado las expectativas», apuntó. No lo dice para restarle importancia, sino para evitar que una promesa sobredimensionada acabe generando frustración cuando el texto, si llega, resulte ser menos revolucionario de lo anunciado.
El diagnóstico financiero fue contundente. En la Comunidad de Madrid, el coste de la asistencia jurídica gratuita ha pasado de 60 a 66 millones de euros en año y medio. En la Comunidad Valenciana ya supera los 50 millones. En el territorio ministerial —comunidades sin transferencias en materia de justicia, como Murcia, Extremadura o Castilla y León— el decreto reciente del Ministerio mueve algo más de dos millones de euros para nueve provincias. La desproporción es evidente. Y en todos los casos, sin transferencias adicionales del Estado que acompañen la creciente demanda.
Moro recordó además un precedente reciente que ilustra bien el problema: durante la tramitación de la Ley de Derecho de Defensa, el PP intentó introducir un estatuto del abogado del turno de oficio que regulase sus derechos y obligaciones con independencia de si su relación con la administración es laboral o funcionarial.
«No se nos dejó. Como mucho llegamos a una transacción para incluir las funciones». El resultado es casi el mismo enunciado que ahora reaparece en el anteproyecto del Ministerio. Valoró positivamente que ese contenido esté sobre la mesa, pero advirtió que la forma en que se está elaborando el texto —sin intercambio real de borradores con las administraciones prestacionales ni con los grupos parlamentarios— dificulta cualquier acuerdo duradero.
Sobre el calendario, fue la más explícita en señalar lo que todos intuyen: con 30 leyes acumuladas en la Comisión de Justicia y unas elecciones generales que se dan por descontadas para julio del año próximo, el margen real para tramitar esta ley en la legislatura actual es muy estrecho.
«No soy muy optimista», admitió. Pero matizó: incluso si el texto no llega a aprobarse, tenerlo redactado ya sirve de algo. «Al menos sabemos cuál es el planteamiento. No está mal tener una radiografía aunque no pueda avanzar».
Una posición pragmática que, en el fondo, resume el estado de ánimo de buena parte de la sala: la ley es necesaria, urgente e inevitable. Lo que nadie sabe todavía es cuándo.
El acto fue inaugurado por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, y por la vicepresidenta primera del CGAE y decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo. Y fue clausurado por Yolanda Aguilar, secretaria para la Administración de Justicia de la Generalitat de Cataluña.
