El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) acogió ayer por la mañana una mesa de debate sobre la gestación de una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que sustituya a la vigente, que, tiene 30 años, y cuya obsolescencia ya no admite discusión.
El Ministerio de Justicia trabaja en una nueva ley que sustituya a la norma de 1996, pero su contenido sigue siendo desconocido. En ese vacío, los tres representantes coincidieron en que la reforma no puede limitarse a remendar el sistema actual: hay que partir de cero.
El evento, promovido por el Consejo General de la Abogacía Española y por el ICAB, fue inaugurado por Cristina Vallejo, decana del colegio barcelonés y vicepresidenta primera del CGAE; por el presidente de la institución, Salvador González, por el presidente de la Comisión de Asistencia Gratuita del CGAE, Ángel Méndez; y por la presidenta de la Comisión Especial de la Ley, Filomena Peláez.
El debate que tuvo lugar a continuación fue moderado por el director de Confilegal, Carlos Berbell. en el mismo intervinieron reunió tres de las plataformas, asociaciones y sindicatos que aglutinan a los abogados del turno de oficio en Barcelona: Mireia Pagès Crivillé, de la Plataforma de Abogados del Turno de Oficio; Patxi Blázquez Martínez, del Sindicato de Abogados Venia; y Vanessa González, de Altodo Cataluña.
«Estamos a la cola de Europa»
El dato más contundente de la tarde lo aportó Blázquez Martínez: España lidia con 3,3 veces más asuntos por abogado de oficio que la media europea, y las retribuciones se sitúan en torno a los 150 euros por procedimiento, frente a una media continental de 1.158 euros.
«Estamos cobrando un 25% de lo que debería cobrar un abogado privado por el mismo trabajo», abundó Pagès Crivillé, quien cifró en sesenta los módulos retributivos que faltan por regular solo en Cataluña.
«Cualquier porcentaje de mejora sobre lo que tenemos seguirá siendo una limosna», afirmó Blázquez con contundencia.
A su juicio, el debate sobre cuánto subir los módulos existentes es un callejón sin salida: hay que fijar primero una retribución justa y a partir de ahí aplicar, si acaso, el descuento que la sociedad decida reconocer a los prestadores del servicio público.
Un sistema que obliga sin compensar
Las tres intervenciones compartieron un diagnóstico de fondo: la ley vigente impone obligaciones a los abogados sin reconocerles derechos equivalentes.
González fue directa al respecto. «¿Se obliga a los médicos a operar? ¿Verdad que no?. Pues a un abogado tampoco se le puede obligar a realizar un trabajo que a lo mejor no quiere», dijo, reclamando que la nueva norma defina con claridad a quién se exige prestar el servicio y en qué condiciones.
Pagès Crivillé apuntó además a la carga de trabajo invisible: guardias que se prolongan cuatro días, juicios suspendidos que no se retribuyen aunque el letrado ya se haya desplazado, víctimas de violencia de género cuya atención se extiende durante semanas tras la guardia original.
«No vale que nos digan que la retribución es la misma mientras nos ponen más víctimas a nuestro cargo», advirtió.
Copago, recuperación y colegios profesionales
El debate no esquivó uno de los temas más espinosos: quién tiene derecho real a la justicia gratuita.
Pagès Crivillé señaló que el actual sistema de silencio administrativo positivo permite que personas sin derecho accedan al beneficio sin que nadie lo cuestione, y propuso reforzar el papel de los colegios en la verificación inicial.
González fue más lejos: defendió que sean exclusivamente los colegios profesionales quienes gestionen el turno de oficio, sin interferencias de ayuntamientos ni asociaciones que, en algunos casos, reciben mejor retribución que los propios abogados de oficio.
Blázquez introdujo el debate del copago, señalando el modelo francés como referencia: un sistema donde el Estado paga directamente al letrado y la agencia tributaria controla las condiciones del beneficiario, dejando de ser el abogado el último eslabón de una cadena que nadie fiscaliza.
Derechos laborales y estatuto propio
Los tres representantes respaldaron la inclusión de un estatuto del abogado del turno de oficio dentro de la propia ley.
La demanda no es nueva, pero la disputa sobre su contenido sí fue visible durante el debate.
Pagès rechazó la propuesta de Venia de crear una relación laboral especial directamente dependiente de la Administración. «Perdemos nuestra independencia», zanjó, aunque admitió que una relación laboral de carácter especial es compatible con la autonomía profesional.
En lo que todos coincidieron es en el catálogo mínimo de derechos que la ley debe reconocer: retribución digna, cotizaciones a la Seguridad Social, derecho a la baja por enfermedad, vacaciones, desconexión digital y, de manera explícita, derecho a la huelga. «Hay jueces que han hecho huelga y han sido objeto de expediente abogados por ejercer ese mismo derecho», recordó González.
El Consejo como «lobbista«
Berbell abrió el debate con una reflexión que sobrevoló toda la tarde: el CGAE ha mudado de piel bajo la presidencia de Salvador González y se comporta hoy como un grupo de presión profesional. «Los ministros le cogen el teléfono, los líderes de la oposición también, y eso antes no ocurría», subrayó el moderador.
Los representantes de las plataformas acogieron ese reconocimiento con satisfacción pero también con exigencia: que esa capacidad de influencia se traslade en hechos a la mesa de negociación sobre la nueva ley.
«Lo que falta es trabajar juntos», resumió Blázquez. «La abogacía institucional por un lado y las asociaciones por otro no funciona. Hay que construir esto conjuntamente.»
El 20 de mayo se perfila como fecha clave para otro frente abierto de la abogacía —la pasarela al RETA, ausente del debate de ayer pero muy presente en el ambiente—, lo que añade urgencia a un colectivo que lleva tres años movilizado y que, por primera vez, siente que el poder político le escucha.
Las propuestas de los asistentes
Casi al filo de la finalización del debate, el moderador dio la palabra a los asistentes, que plantearon una serie de propuestas. Son estas:
Reconocimiento como servicio público y cambio de nomenclatura Abandonar el término «abogado de oficio» o «abogado del pobre» para adoptar oficialmente la denominación servicio público de asistencia letrada, alineándola con la de otros colectivos como médicos o educadores, con las implicaciones retributivas y de cotización que eso conlleva.
Cotización a la Seguridad Social Fue la reivindicación más reiterada. El Colegio de Tarragona presentó una enmienda en el Congreso para modificar la Ley General de la Seguridad Social. Su propuesta de cálculo: dividir el importe bruto anual percibido por el turno de oficio entre el salario mínimo interprofesional, con un tope de ocho meses computables por año.
Se reclamó también cotización retroactiva, equiparando la situación al servicio militar obligatorio.
Implicación de la Agencia Tributaria en la verificación de requisitos Varias intervenciones coincidieron en que Hacienda debe cruzar datos directamente para determinar si un ciudadano cumple los requisitos económicos para acceder a la justicia gratuita, sin que el control recaiga en los colegios.
También se propuso que Hacienda gestione el cobro de honorarios cuando el beneficiario pierde sobrevenidamente el derecho.
Eliminación del requisito de tres años de ejercicio para acceder al turno La Abogacía Joven catalana y el Colegio de Tarragona propusieron eliminar o reducir ese umbral, sustituyéndolo por la superación de un año en una escuela de práctica jurídica rigurosa. Una propuesta que el CGAE ya tenía en su portafolio de necesidades.
Se señaló además la asimetría: a los jueces no se les exige experiencia previa equivalente.
Retribución puntual y mensualizada Se exigió que los pagos se realicen el día 25 de cada mes, habida cuenta de que muchos letrados viven exclusivamente del turno de oficio y deben afrontar pagos fijos como el RETA o las mutuas.
Mecanismos contra el abuso de la justicia gratuita Propuestas concretas para evitar fraudes: establecer filtros más estrictos en la Comisión de Justicia Gratuita, permitir a los abogados denunciar abusos sin que ello vulnere el secreto profesional, y revocar la designación cuando se acredite patrimonio suficiente.
Aceptación obligatoria de renuncias por amenazas o violencia En alusión al caso del compañero apuñalado en Oviedo, se propuso que los colegios estén obligados a aceptar la renuncia del letrado cuando existan indicios fundados de violencia, coacción o presión por parte del cliente, sin posibilidad de negativa.
Inclusión de estas materias en la nueva Ley de Justicia Gratuita Se insistió en que la futura norma —no una simple reforma, sino una ley nueva— debe incorporar explícitamente las cuestiones de cotización, retribución, nomenclatura y acceso al turno, constituyendo de facto el estatuto profesional del abogado de oficio que hasta ahora no existe.
