La implantación de los Tribunales de Instancia con la Ley de Eficiencia no ha producido, por el momento, los efectos de mejora anunciados por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Así lo sostiene Comisiones Obreras (CCOO) tras analizar la evolución de los 316 partidos judiciales incluidos en la denominada Fase I de la reforma, cuyos nuevos órganos comenzaron a funcionar el 1 de julio de 2025.
Según el sindicato, el estudio realizado a partir de los datos estadísticos oficiales correspondientes al ejercicio 2025 publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concluye que no existe una mejora significativa en la reducción de la carga pendiente de los órganos judiciales y que, además, se ha producido un empeoramiento de la tasa de resolución de asuntos.
La primera fase de implantación afectó a los partidos judiciales en los que únicamente existían juzgados de Primera Instancia e Instrucción, encargados de asuntos civiles y penales, sin presencia de órganos especializados de otras jurisdicciones.
CCOO señala que los datos analizados permiten evaluar los seis primeros meses de funcionamiento de los Tribunales de Instancia y sostienen que la reforma organizativa impulsada por el Ministerio de Justicia, presentada por el ministro Félix Bolaños como “la mayor transformación de la Justicia en décadas”, no ha tenido un impacto relevante en la mejora de la actividad judicial.
Los indicadores «clave» para CCOO
Para elaborar su análisis, el sindicato ha utilizado dos de los indicadores habitualmente empleados para medir el rendimiento de los órganos judiciales.
Por un lado, la tasa de resolución, que relaciona el número de asuntos resueltos con los asuntos ingresados.
Por otro, la tasa de pendencia, que mide la relación entre los asuntos pendientes al final y al inicio del periodo analizado.
A juicio de CCOO, la evolución de ambos indicadores no permite atribuir efectos positivos a la reforma.
En relación con la tasa de resolución, el sindicato destaca que menos de un centenar de los 316 partidos judiciales examinados registraron mejoras. En concreto, 93 mejoraron sus resultados, mientras que 224 presentaron una evolución peor que la registrada antes de la entrada en funcionamiento de los Tribunales de Instancia.
Respecto a la tasa de pendencia, CCOO afirma que el balance tampoco resulta favorable.
Según su análisis, algo más de la mitad de los partidos judiciales empeoraron sus resultados, lo que refleja una situación que califican de “prácticamente de empate” entre mejoras y empeoramientos y, por tanto, sin una tendencia positiva claramente atribuible a la reforma.
Críticas a la Ley de Eficiencia
El sindicato considera que estos resultados contradicen uno de los principales argumentos utilizados por el Ministerio para defender la reforma organizativa de la Administración de Justicia.
A su juicio, la sustitución de los antiguos juzgados por los actuales Tribunales de Instancia no está contribuyendo a mejorar el funcionamiento del servicio público.
CCOO recuerda además que, durante la tramitación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, ya advirtió de que los problemas estructurales de la Administración de Justicia no podían resolverse únicamente mediante cambios organizativos o de denominación de los órganos judiciales.
Entre las principales carencias que, según el sindicato, continúan afectando al sistema judicial figuran la insuficiencia de inversión, el déficit de plantillas, la falta de medios materiales y tecnológicos y la ausencia de una planificación adecuada de los recursos humanos.
Ante estos resultados, CCOO reclama al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias transferidas que aborden las necesidades estructurales de la Administración de Justicia.
El sindicato sostiene que la mejora de la eficiencia judicial requiere recursos económicos, planificación y refuerzo del empleo público, y reclama que las futuras actuaciones se orienten a resolver estos problemas de fondo.
