El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, no se anduvo con rodeos en la inauguración de la jornada «La de Ley de Justicia Gratuita a debate en el ICAB», que tuvo lugar ayer en el Colegio de la Abogacía de Barcelona.
«El sistema está al borde del colapso, y todas las alertas están encendidas». González lo dijo sin matices, con la contundencia de quien lleva tiempo viendo cómo se acumula la presión sobre un servicio esencial que el Estado no remunera como merece.
Los recursos son insuficientes. Los baremos, anticuados. Los pagos, incompletos. Y nadie garantiza actualizaciones periódicas de las retribuciones.
Pero González fue más allá de los números: recordó que los abogados y abogadas del turno de oficio reciben amenazas y agresiones físicas mientras ejercen su función.
«Nuestros profesionales deben recibir del Estado y de sus administraciones el trato justo y digno que merecen y que, ahora mismo, no tienen», subrayó.
Las diferencias entre territorios, añadió, son sencillamente incomprensibles.
Una nueva ley, con texto en la mano
La vicepresidenta primera del Consejo General y decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo, fue también muy directa: la profesión necesita ver un borrador de la futura Ley de Justicia Gratuita.
No promesas. Un texto.
Vallejo defendió que la nueva norma debe reconocer formalmente a la abogacía como pieza central del sistema, retribuir todas y cada una de las actuaciones realizadas, y equiparar las cuantías a las que se perciben en el entorno europeo.
Desde Barcelona también se puso sobre la mesa otra cuestión estructural: eliminar las barreras de acceso al turno de oficio.
Una vía de entrada excesivamente estrecha frena la incorporación de jóvenes abogados al servicio y cronifica el problema.
La exigencia de formación específica previa para adscribirse al turno se mantiene —es garantía de calidad—, pero el cuello de botella burocrático, no.
Un foro, cuatro perspectivas
Las demandas se han articulado en el marco de un foro que lleva desarrollándose desde enero en sesiones sucesivas.
La metodología fue deliberada: escuchar primero a los colegios de la abogacía y al día a día de sus profesionales; después, a las asociaciones; en una tercera jornada, a las fuerzas políticas.
La última sesión incorporó la dimensión territorial, imprescindible en un sistema gestionado de forma compartida entre el Ministerio de Justicia y doce administraciones autonómicas.
El resultado es un diagnóstico de primera mano, amplio y sin filtros. El retrato de un servicio que sostiene el acceso a la justicia de los más vulnerables y que lleva años funcionando con los resortes al límite.
