Un grupo de letrados del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha dirigido un escrito al decano, José María Alonso, pidiéndole que ordene llevar a cabo pruebas de detección del COVID-19 a los 44.000 colegiados ejercientes con cargo al presupuesto de la corporación de derecho público.
«El ICAM, que sostenemos en su mayor parte con las cuotas de todos los colegiados, tiene un presupuesto anual de más de 29,7 millones de euros», recuerdan en su misiva al decano.
«De esta cantidad, estamos seguros, que a la vista de la situación de urgencia, provocada con la pandemia, se puede destinar una partida específica para la compra de test de PCR, o realización de análisis. Siendo conscientes que alguno de los gastos previstos en los presupuestos no van a producirse: ERTE, comunicación, cursos, eventos, acción social…», añaden.
SALVAGUARDAR LA SALUD DE LOS COLEGIADOS
El grupo de abogados recuerda que la Consejería de Justicia está haciendo esas pruebas a los operadores jurídicos dependientes de la Administración de Justicia en Madrid [9.500 personas], «lo que excluye a los abogados, en la habitual falta de consideración hacia nuestra labor».
Subrayan que «de nada servirán las medidas preventivas que se adopten con el resto de profesionales si se deja fuera de todo control a los abogados. Efectivamente, sin conocerse si un abogado está contagiado o es portador del virus Covid-19, nadie estará realmente seguro».
Y añaden: «El único objetivo de esta petición, es salvaguardar la salud de sus Colegiados y de los operadores jurídicos que los rodean. Siendo un acto de acción y responsabilidad social. La prueba se ha de realizar a todos los colegiados, puesto que todos participamos del presupuesto y del mantenimiento de nuestra institución».
Sin dichas pruebas, la comparecencia ante los juzgados y sedes judiciales será un riesgo que es perfectamente evitable.
En consecuencia, concluyen: «solicitamos, que, desde el Colegio profesional que presides, se acuerde la práctica de pruebas sobre detección de COVID-19 a todos los abogados en ejercicio a cargo del presupuesto del ICAM».
La petición la suscriben los abogados Beatriz Hernández, José Carlos García Villegas, Carlos Abalos Bofill, Marta Moreta, Belén García, Vanesa Arcas y Rosa Lancho.
