La Fiscalía rebaja de rebelión a sedición la acusación contra Trapero y ahora pide 10 años de prisión

En el caso de que el tribunal considerara que no queda suficientemente probado el delito de sedición, el Ministerio Público presenta como calificación alternativa que los hechos son constitutivos de un delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal, que conlleva penas de multa e inhabilitación, pero no de cárcel.

La Fiscalía también acusa a Puig y a Soler de un delito de sedición de los artículos 544, 545.1 del Código Penal, y reclama para ellos la misma pena que para Trapero. Inicialmente los acusaba de rebelión y pedía 11 años.

A los tres, les considera «autoridad», en virtud del artículo 545 del Código Penal, por los cargos que ejercieron durante el ‘procés’.

Mantiene la acusación de Laplana por un delito de sedición de los artículos 544, 545.2 del Código Penal por los incidentes del 20 y 21 de septiembre de 2017, y solicita 4 años de prisión y 4 de inhabilitación para ella.

En la calificación alternativa de los hechos por un delito de desobediencia pide que se imponga a Trapero, Puig y Soler una multa de 60.000 euros (10 meses de multa con una cuota diaria de 200 euros) a cada uno, con responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas no satisfechas, e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos, en concreto el cargo y la función de policía, así como aquellos que sean electivos, ya sean de ámbito estatal, autonómico o local, así como para el ejercicio de funciones de gobierno en el ámbito estatal, autonómico o local, por tiempo de un año y 8 meses.

Para Laplana la reclama de 30.000 euros (5 meses de multa con una cuota diaria de 200 euros), con responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas no satisfechas, e inhabilitaci6n especial para el ejercicio de cargos publicos, en concreto el cargo y la función de policía, así como aquellos que sean electivos, ya sean de ámbito estatal, autonómico o local, así como para el ejercicio de funciones de gobierno en el ambito estatal, autonómico o local, durante un año.

El escrito, de 56 páginas, está firmado por el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo Cuervo y el fiscal Pedro Rubira Nieto.

Lo ha expuesto Carballo ante el tribunal, presidido por la magistrada Concepción Espejel.

El Ministerio Público ha seguido el criterio marcado en la sentencia del Tribunal Supremo que condenó pasado octubre a los líderes independentistas por sedición.

El tribunal y fiscales han acudido presencialmente a la sede de la Audiencia Nacional en la calle Génova de Madrid, donde la sala de vistas estaba preparada con medidas de seguridad, como mamparas en las mesas de las partes. Tanto magistrados como fiscales llevaban mascarillas y se han colocado de manera que pudieran mantener distancia de seguridad.

Los acusados y sus abogados han seguido la lectura de las conclusiones definitivas por videoconferencia desde un órgano judicial en Barcelona.

Las defensas han comunicado al tribunal que anunciarán sus conclusiones definitivas el próximo lunes, 15 de junio.

La abogada de Trapero y Laplana, Olga Tubau, ha anunciado que elevará a definitivas sus conclusiones y solicitará la libre absolución de sus clientes.

LAS MODIFICACIONES DEL ESCRITO DE LA FISCALÍA

El Miniseterio Público ha modificado la primera conclusión para incluir los hechos probados de la resolución del Supremo, que comienzan recordando que el 8 de septiembre de 2017 fueron publicados en el Diario Oficial de la Generalitat las conocidas como ‘leyes de desconexión’ que se habían aprobado en el Parlament de Catalunya.

Subraya que la sentencia del Supremo también hace «mención especial» a la «actividad desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el día 1 de octubre» y que expresa que las mesas electorales se constituyeron «con aquellos ciudadanos que en hora más temprana acudieron al centro de votación», gracias a la inexistencia de censo electoral y la labor de los agentes policiales.

Además, recuerda que el tribunal del ‘caso procés’ reflejó en sus hechos probados que a mediados de julio de 2017, el expresidente catalán Carles Puigdemont «procedió a la sustitución» del entonces consejero del Interior Jordi Jané por Joaquim Forn (condenado por sedición) y que unos días antes también dimitió el director general de la Policía de la Generalitat Albert Batlle y otros consejeros.

Todo ello para «que asegurar que la Policía autonómica -dependiente orgánica y funcionalmente de la Conselleria de Interior de la Generalitat-, en caso de cumplir con la legalidad constitucional vigente, no frustrase la realización del referéndum», señaló el tribunal.

El fiscal también apunta que «la estrategia para conseguir la celebración del referéndum implicaba aprobar toda una base normativa declarada ilegal por el Tribunal Constitucional» y que los acusados Tapero, Puig y Soler fueron notificados y advertidos personalmente sobre las responsabilidades, incluidas la penal, que conllevaría eludir el requerimiento del tribunal de garantías de no llevar a cabo ninguna iniciativa relacionada con el referéndum.