Estafa, falsedad en documento mercantil y publicidad falsa son los delitos que la querella, admitida a trámite por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, María del Carmen Cifuentes Polo, que se atribuyen a National Nederlanden Vida, como persona jurídica, y a dos empleados de la aseguradora.
La supuesta estafa, según la querella, asciende a más de 1.150.000 euros.
Es el importe que la familia entregó a la entidad en un periodo de cinco años (entre 2014 y 2019).
Tras la admisión de la querella, el juzgado de Primera Instancia número 18 de Valencia ha suspendido la tramitación de la reclamación civil de la familia por concurrir la prejudicialidad penal, es decir, se suspende el proceso civil hasta que se resuelva el asunto penal que se encuentra en el origen de la disputa.
Los perjudicados son el padre, dos hijos y un yerno de una familia que invirtieron en productos de esta compañía de seguros.
Condiciones particulares más ventajosas
Según se recoge en la querella, les habrían ofrecido unas condiciones particulares más ventajosas, con rentabilidades garantizadas superiores a las habituales, por ser varios miembros de una familia.
Estas condiciones, explica la letrada, consistían, entre otras, en altos tipos de interés aplicables a la rentabilidad de los productos contratados y la no aplicación de penalización en caso de rescate de las inversiones trascurridas la primera anualidad.
Además, agrega, les entregaron documentación de la compañía en la que se detallaba el tipo de interés y les iban informando de los rendimientos obtenidos, tanto verbal como documentalmente.
En la suscripción de cada producto, todo según la querella, la compañía aseguradora contactaba telefónicamente con la familia con la finalidad de confirmar los términos y condiciones.
Al tratarse de condiciones especiales les instruían sobre qué decir en la locución telefónica de contratación. “Todo este engaño motivo la contratación de todos los productos”.
Por todo ello, la representación de la familia interpuso una querella, ahora admitida a trámite, por estafa, delito continuado de falsedad en documento mercantil y publicidad falsa, delitos atribuidos a los dos empleados. A la compañía le atribuyen un delito de estafa y delito contra el mercado y los consumidores.
Esta querella ha sido formulada por la letrada Verónica Suárez García, directora del despacho SF Litigación y la representación de la familia ha sido ejercida por José María Carbonell Botella, socio director, junto a Inmaculada Sanchís, del bufete valenciano Carbonell Abogados.
