La sala de lo Penal del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza 30, ha determinado que el correo electrónico que envió el hombre es constitutivo de un delito de estafa, imponiéndole una pena de prisión de seis meses.
Cada vez son más los trámites que, tanto empresas como ciudadanos, realizan a través de Internet, utilizando el mismo correo electrónico para contactar con empresas de servicios, contratación de viajes, o asuntos personales.
Una cuestión que, en febrero de 2023k, llevaba a J.R. a ser víctima de un engaño electrónico.
Así pues, tiempo antes de cometer el acto de estafa, el acusado y ahora condenado J.E. había descubierto que J.R. tenía relaciones comerciales con la empresa Urgaex.
Una comunicación que el hombre no tardaba en aprovechar a su favor.
«El 23 de febrero de 2023, con la intención de lucrarse ilícitamente, haciéndose pasar por personal de Urgaex, le remitió un correo electrónico donde se le comunicaba que, como contraprestación a los servicios recibidos por parte de Urgaex, debía transferirles la cantidad de 7.700 euros» a la cuenta corriente que se facilitaba en ese mismo correo.
Una transferencia que, confiando en su relación con la empresa, J.R. realizaba ese mismo día.
Algo que aprovechaba el estafador para cambiar el dinero de una cuenta a otra, haciéndolo «desaparecer» y haciendo que su verdadero propietario no pudiese recuperarlo una vez descubierto el engaño.
Un correo electrónico que supone pena de prisión
Un engaño a través de un correo electrónico que llegaba ante los tribunales.
En concreto, ante el Tribunal de Instancia de Madrid nº30, bajo la magistratura de Hortensia de Oro-Pulido Sanz. Magistrada que, en su sentencia 133/2026, confirmaba el delito cometido.
Así pues, el afectado J.R., representado por el abogado José Luis Ortiz, llevaba la estafa electrónica de la que había sido víctima ante la jueza, confirmando que, a fecha del juicio, no había conseguido recuperar el dinero perdido con la transferencia.
Demanda ante la que el acusado, a través de su defensa, mostraba su conformidad con el escrito de acusación del ministerio Fiscal, tanto con la pena como con la responsabilidad civil interesadas.
Algo que llevaba a la magistrada a condenar a J.E. como autor penalmente responsable de un delito de estafa, penado con seis meses de prisión, así como con una indemnización para el afectado de 7.700 euros.
Una pena que, sin embargo y con acuerdo entre las partes, se suspendía en cuanto a la privación de libertad, por un tiempo de dos años, tras lo que la pena se remitirá definitivamente, salvo que se cometiera un nuevo delito o no procediera al pago indemnizatorio.
