El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha pagado las pruebas del COVID-19 a la mayor parte de la Junta de Gobierno, encabezada por el decano José María Alonso, y a los empleados.
Además, ha gestionado un precio para que los colaboradores también puedan realizarse las pruebas, pero en este caso pagadas por ellos.
El Colegio, sin embargo, ha rechazado dar a conocer lo que ha costado al presupuesto de la entidad el sufragar estas pruebas a empleados y la mayor parte de la Junta de Gobierno.
En concreto, según han explicado fuentes del Colegio a Confilegal, el ICAM, hasta este lunes, ya había facilitado el test serológico a 195 empleados de los 225.
Los 30 que de momento no se han hecho la prueba se debe a que están teletrabajando.
Asimismo, se han hecho el test 11 de los 14 miembros de la Junta de Gobierno.
Respecto a los colaboradores que trabajan en el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ), el ICAM ha negociado un precio para aquellos que se quieran realizar las pruebas.
Junto a estos test serológicos, el Colegio ha facilitado las pruebas PCR tanto para empleados como para la Junta de Gobierno. Según las mismas fuentes del ICAM, a esta prueba se han sometido 38 empleados y 3 miembros de la Junta.
La decisión del ICAM de pagar las pruebas a empleados y la Junta de Gobierno contrasta con la tomada respecto a los colegiados.
A finales de mayo, un grupo de abogados dirigió un escrito al decano pidiéndole que llevase a cabo pruebas de detección del COVID-19 a los 44.000 colegiados ejercientes con cargo al presupuesto de la corporación de derecho público.
«Gran óbice presupuestario»
El Colegio contestó el pasado 2 de junio al escrito argumentando que existe un «gran óbice presupuestario», ya que no habría razón de fondo para excluir de los mismos a los colegiados no ejercientes.
Asimismo, apuntaba que «solo considerando una ratio en torno a 76.000 colegiados, a precios de mercado, aproximadamente unos 200 euros por persona, suponen más de 15 millones de euros, esto es, más de un 50% de nuestro presupuesto anual (solo el test serológico ascendería a más de 5 millones de euros, a un precio medio de aproximadamente 70 euros)».
«Aún en un escenario de negociación con efectos sustancialmente ventajosos, esta Corporación no podría asumir el coste con cargo al presupuesto ordinario, lo que derivaría al inexorable incremento de cuotas», añadía.
Además, el ICAM señalaba que «un test (sea serológico, sea PCR) supone una foto fija que solo determina la presencia de anticuerpos o infección vírica aguda, respectivamente, en el momento en que se realiza, pero que debería repetirse si después de la misma se hubiere incurrido en nuevas situaciones de riesgo, al menos potenciales».
Así y todo, anunciaba que estaban negociando con Nueva Mutua Sanitaria (MUSA) «la posibilidad de concertar la realización de estos test a quienes quieran someterse voluntariamente a los mismos, a precios preferentes por la condición de colegiados del ICAM, por lo que confiamos que, en los próximos días, poder anunciar un acuerdo en este sentido».
La respuesta no convence
Sobre este asunto, desde el Colegio han explicado a Confilegal que mantienen abiertas las negociaciones con MUSA, cuyo resultado -aseguran- podría conocerse en los próximos días.
Ante esta situación, Marta Moreta, una de las abogadas que suscribió la petición de estas pruebas al Colegio, ha manifestado a Confilegal que «lo que molesta realmente es la explicación, porqué esa foto fija para los letrados que pagan la cuota todos los meses no es válida y para los empleados y demás personal del Colegio sí».
Subraya que no le parece mal que hagan las pruebas a los empleados y Junta del ICAM, «es más creo que nos las deberíamos hacer todos de una manera más o menos continuada», lo que molesta, insiste, es la respuesta a la petición.
Junto a Moreta, suscribieron la petición dirigida al decano del Colegio los abogados Beatriz Hernández, José Carlos García Villegas, Carlos Abalos Bofill, Belén García, Vanesa Arcas y Rosa Lancho.
