Desde que se reanudara la actividad judicial a principios de mes son muchos los abogados y procuradores de distintos puntos del territorio nacional que han denunciando las limitaciones de acceso a las sedes judiciales.
Ante esta situación, el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga ha presentado un recurso ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra todos los acuerdos de las Juntas de Jueces locales y juzgados de la provincia que limitan o restringen el acceso de los letrados a las sedes judiciales y que exigen a los profesionales solicitar cita previa para acceder a los juzgados.
Esta exigencia, afirma el Colegio, «conlleva en muchos casos una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y afecta al derecho a la defensa de los justiciables».
El decano, Francisco Javier Lara, afirma que se trata de un «ataque intolerable, discriminatorio e injustificado a la dignidad de la abogacía» y recuerda que el letrado es «uno de los operadores jurídicos que, por prescripción legal, es colaborador necesario y esencial en la administración de Justicia».
En concreto, el Colegio ha recurrido los acuerdos adoptados en Vélez-Málaga (Servicio Común Procesal General, de 4 de junio de 2020), Coín (juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3, de 2 de junio), Fuengirola (Junta de Jueces, de 3 de junio), Torrox (Juzgado Decano, de 2 de junio) y Decanato de Málaga (de 9 de junio).
En el escrito presentado ante el CGPJ, según informa el Colegio, se solicita la inmediata suspensión de la ejecución de los acuerdos.
El Colegio argumenta que la necesidad de cita previa para acceder a los juzgados supone una complicación burocrática “absolutamente innecesaria”, ya que habría bastado con advertir que, cuando fuera necesario y urgente visitar la sede judicial, los letrados tendrían que respetar el turno que les correspondiera, cumpliendo las medidas socio sanitarias de prevención del coronavirus.
Además, apunta, la exigencia de cita previa y la previsible demora en su concesión conlleva «una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, poniendo en riesgo el derecho a la defensa de los justiciables».
En este punto, asegura que ya se han producido casos de este tipo, como el de una letrada del partido judicial de Coín que tenía que asistir en un juicio rápido fijado en 48 horas y que no pudo acceder al juzgado para acceder al examen de los autos. Según el Colegio no solo se le impidió entrar al edificio sino que la cita previa que se le concedió tenía fecha posterior a la celebración.
Aplicación flexible
El requisito de cita previa también vulnera, según el ICAMálaga, principios tradicionales en el marco de las relaciones entre la administración y los administrados, ya que afecta al servicio efectivo que se ofrece a los ciudadanos y a conceptos como la simplicidad, la claridad y la proximidad.
La Audiencia Provincial de Málaga adoptó el 12 de junio de 2020 un acuerdo en el que indicaba que la exigencia de cita previa para los profesionales “debe ser objeto de aplicación flexible, atendida la necesidad de mantener las medidas sanitarias de seguridad establecidas, posibilitando que, en todo caso, los profesionales que hayan accedido al edificio judicial, con cita previa o con cualquier otra justificación, puedan llevar a cabo las gestiones o actuaciones que sean de su interés en cualquiera de los órganos judiciales que radiquen en el mismo”.
No obstante, el Colegio explica que ha interpuesto el recurso de alzada ante el CGPJ al no tener constancia de que las Juntas de Jueces y los juzgados hayan rectificado sus acuerdos.
