La Audiencia Nacional (AN) ha accedido a extraditar a Colombia al empresario Carlos José Mattos Barrero, colombiano de origen y con nacionalidad española, reclamado por presuntamente pagar unos 48.000 euros (200 millones de pesos) a una juez de Bogotá con el fin de gratificarla por haber adoptado unas medidas cautelares favorables a los intereses de la compañía de la que era máximo accionista, Hyundai Colombia Automotriz, y asegurarse de que no cambiaría de postura.
El tribunal de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la AN concluye que se cumplen todos los requisitos para proceder a la entrega del reclamado.
No obstante, la última palabra la tiene el Gobierno español.
El delito por el que es requerido se encuentra tipificado en el Código Penal colombiano, Ley 599 de 2000, bajo el ‘nomen iuris’ de «cohecho por dar u ofrecer», encuadrado en el artículo 407, y dice: «El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a servidor público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho a ciento ocho meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensualidades vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta a ciento cuarenta y cuatro meses».
El auto, fechado a 23 de junio, lo firman los magistrados Félix Alfonso Guevara Marcos, Carlos Fraile Coloma y María Teresa García Quesada, que ha sido el ponente.
Contra esta resolución cabe recurso de súplica ante el Pleno de la Sala.
Mattos (Colombia, 1947) tiene la nacionalidad española desde 1999, y se encuentra en libertad provisional.
Su defensa la ejerce el abogado José Antonio Choclán, magistrado en excedencia, conocido por llevar la defensa de Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Cristina Cifuentes, Francisco Correa y David Marjaliza.
En mayo del año pasado la Audiencia Nacional ya accedió a extraditar al empresario a Colombia por otros hechos, si bien su extradición quedó paralizada por el Tribunal Constitucional mientras resuelve su recurso.
De acuerdo con el relato aportado por las autoridades del país sudamericano, los hechos se remontan al 1 de diciembre de 2015, cuando se presentó solicitud de prueba anticipada en un despacho judicial (consistente en inspección judicial con exhibición de documentos y peritos) donde figuraba como demandante la compañía Hyundai Colombia Automotriz de Mattos y como demandada la empresa Global Car World SAS.
Según se expone en la reclamación de extradición, en desarrollo de dicha inspección judicial, que se llevó a acabó el 29 de abril de 2016, la juez 16 civil Municipal de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández Pérez, decretó dos medidas cautelares favorables a los intereses de Hyundai.
Añade que a finales a ese mes o principios de junio, continúa explicando el escrito, un empleado judicial del mencionado despacho judicial, D.R.N., (con quien se había concertado el empresario) visitó en su despacho a la juez y le comentó que el empresario le enviaba dinero (50 millones de pesos), cantidad de la que unos días después le hizo entrega en una caja de zapatos sellada en un centro comercial.
“Dinero que recibió la señora Ligia del Carmen Hernández Pérez y continuó adelantando el trámite de la referida actuación judicial”, siempre según los hechos en los que se basa la reclamación extradicional.
Señala que poco después, el empleado judicial hizo entrega a la juez de otros 50 millones en una clínica de la ciudad, a los que siguieron otros tres pagos más por la misma cantidad. De cada entrega, según lo declarado por este empleado judicial, la magistrada le daba 10 millones de pesos como recompensa.
Según exponen las autoridades reclamantes, de los elementos materiales probatorios y evidencia física se tiene que «Carlos José M.B. entregó», valiéndose de la participación de D.R.N., 200 millones de pesos a Ligia del Carmen Hernández Pérez, titular del Juzgado 16 civil Municipal de Bogotá, «no solamente con el objeto de gratificarla por haber adoptado unas medidas cautelares favorables a los intereses económicos de la empresa Hyundai Colombia Automotriz SA, tal como quiso hacerlo ver, sino también para asegurar ilegalmente que, mientras ella tuviese la dirección de la actuación, no variaría su postura sobre las mismas”.
La Audiencia Nacional desestima todos los argumentos de la defensa de Mattos para oponerse a la extradición, entre ellos que el reclamado no puede ser entregado por tener la nacionalidad española, así como por padecer diferentes problemas de salud.
Respecto a sus problemas de salud, el tribunal señala que ha quedado acreditado que sufre distintos padecimientos, sin que dichas circunstancias puedan alzarse como causas que impidan la extradición.
En relación con la nacionalidad, explica que dicho argumento ya fue denegado en mayo del año pasado por la Sala de lo Penal en otra solicitud de extradición, que se encuentra suspendida por el Tribunal Constitucional mientras examina su recurso.
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