La Audiencia Nacional ha accedido a la extradición a Colombia de Carlos José Mattos Barrero, colombiano de origen y con nacionalidad española, reclamado por presuntamente alterar el sistema informático de los juzgados para conseguir que una demanda que favorecía a sus intereses recayese en un juez al que previamente había sobornado.
No obstante, la última palabra la tiene el Gobierno español.
Mattos tiene la nacionalidad española desde 1999, y se encuentra en libertad provisional.
La Fiscalía colombiana le acusa de sobornar a funcionarios judiciales e ingenieros, que supuestamente ayudaron a acelerar el curso de una demanda en la que estaba implicado y lograr así que esta llegara al despacho de un juez que fallaría a su favor.
La justicia colombiana le atribuye los presuntos delitos de cohecho, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático.
El tribunal de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la AN ha acordado la extradición por el primero de los presuntos delitos ya que otros dos últimos no están tipificados de forma equivalente en el Código Penal español.
El auto, fechado a 3 de mayo, está firmado por los magistrados Félix Alfonso Guevara Marcos, Ana María Rubio Encimas y Francisco Javier Javier Vieira, que ha sido el ponente.
Contra él cabe recurso de súplica ante el pleno de la Sala de lo Penal de la AN en el plazo de los tres días siguientes a la fecha de la última notificación.
Los hechos se remontan a 2015, cuando la coreana Hyundai Motor decidió retirar el derecho de distribución en exclusiva de sus vehículos a Hyundai Colombia Automotriz, cuyo mayor accionista era Mattos.
Según el relato aportado a España por la justicia colombiana, esta empresa demandó a la primera el 29 de febrero de 2016, día en que se advirtieron «una serie de irregularidades ligadas con el sistema de reparto de esa demanda específica» que fueron denunciadas ante la Fiscalía.
En la investigación de aquellas irregularidades, se descubrió que «hubo una intromisión indebida en el sistema» para modificar el reparto alterando una base de datos, de modo que el software enviase la demanda a un juzgado concreto, pues «ya había acordado con el juez titular de ese despacho y su oficial mayor el pago de coimas» para que diera trámite y acordase «una medida cautelar favorable a los intereses del señor Mattos».
«En una reunión celebrada en el apartamento del procesado, el acusado ofreció al juez y al oficial mayor la suma de setecientos millones de pesos (192.000 euros) a dividirse en una proporción establecida posteriormente por estos funcionarios», narra el escrito de las autoridades colombianas.
Apunta que se pactó además «una prima de éxito», mil millones de pesos (274.000 euros) si mantenían la medida un año.
Tras recibir y analizar la orden internacional de detención dictada desde Colombia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha informado favorablemente a la extradición, por entender que reunía los requisitos legales y procesales.
Y que pese a tener nacionalidad española, «es colombiano de origen, no ha roto sus vínculos» con aquel país y «el principio de proporcionalidad aconseja» enviarle allí porque es donde están todas las pruebas para su enjuiciamiento.
El tribunal respalda este criterio y dice que si el hecho de que tenga nacionalidad española puede ser causa para denegar la extradición, pero esta previsión es «una cláusula potestativa que se puede actuar cuando se den condiciones especiales, objetivas y subjetivas» pero no es una norma general y depende de cada caso.
En el de Mattos, el tribunal dice que «concurren varias circunstancias que aconsejan el enjuiciamiento de los hechos en el lugar donde se realizaron los posibles actos delictivos» pues «las pruebas materiales» se hallan en Colombia y toda prueba susceptible de ser practicada «depende de la comparecencia de numerosas personas residentes» en aquel país, lo que dificultaría llevar a cabo el procedimiento en España.
PODRÁ SOLICITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA EN ESPAÑA
Indica, además, que su nacionalidad «le permitirá en su caso, solicitar el cumplimiento en España de la pena que pudiera serle impuesta», haciendo posible así «su proximidad con las personas de su familia más próxima».
La defensa de Mattos rechazaba la entrega alegandola nacionalidad y el arraigo en España, que podía ser enjuiciado aquí a instancia de las autoridades colombianas.
Durante la vista de extradición también manifestó que la reclamación tiene «trasfondo político», dado que el actual fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez Neira, fue su abogado en este caso y sostuvo que le persigue «de una manera despiadada».
EL TRIBUNAL DESCARTA LA PERSECUCIÓN POLÍTICA
El tribunal de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la AN descarta la persecución política del reclamado.
Para el tribunal, «la sola relación» del reclamado con el Fiscal General de la Nación de Colombia, no permite atribuir carácter político a la persecución penal y agrega que las causas de abstención de las autoridades judiciales o fiscales colombianas «deberán ser resueltas por los mecanismos procesales establecidos al efecto, pero no deben impedir el enjuiciamiento en Colombia».
La causa contra Mattos se inició a raíz de que el empresario demandara en Colombia a Hyundai con el objeto de que se le reparara por los daños ocasionados por haberle retirado la representación de la marca.
Dos meses después de presentar la demanda, elaborada por un exmagistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema, el juez Reinaldo Huertas falló a favor de Mattos, y se impidió a la multinacional la comercialización de sus vehículos con una compañía diferente a la del ahora reclamado.
Entonces las autoridades colombianas iniciaron una investigación al empresario y lo declararon huido por no presentarse en el consulado de Colombia en Madrid a la audiencia virtual en su contra.
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