La investigación a Carlos Mattos Barrero puso en duda la limpieza y el respeto al proceso debido en Colombia.
El derecho de defensa en Colombia, en tela de juicio
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04/10/2018 06:15
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Actualizado: 04/10/2018 08:37
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El derecho de defensa en Colombia pasa por muy malos tiempos. En un país donde no existen colegios de abogados, corporaciones de derecho público que velan precisamente por el respeto a esa piedra angular de la justicia, la letrada Mildred Hartmann, representante legal del empresario hispano-colombiano, Carlos Mattos Barrero, denunció ayer, ante el titular del Juzgado 27 Penal Municipal con función de control de garantías de Paloquemao, Bogotá, que el derecho de defensa se encuentra en tela de juicio.
«Se está incriminado a la defensa. La semana pasada se puso en prisión a uno de sus abogados [de Mattos], a uno de sus asesores», afirmó Hartmann en referencia a Álex Vernot.
«Y se le puso en prisión con unas versiones relacionadas con la entrevista a un testigo contra el señor Mattos. Lo cual está permitido por los artículos 267 a 271 del Código. Considero, señoría, con todo respeto, que la viabilidad que hay para ejercer el derecho de defensa en esta audiencia es un aspecto trascendental así como de todas las audiencias», añadió.
Durante la vista, el fiscal Álvaro Betancourt acusó al empresario Mattos, quien se encuentra en Madrid, de cuatro supuestos delitos: cohecho, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a sistema informático y daño informático.
Todos ellos relacionados con la presunta manipulación del sistema de reparto a un juez de un juzgado determinado y el pago a su titular y a un número de funcionarios por emitir un fallo que benefició a Mattos en un momento en que estaba negociando con la multinacional Hyundai la rescisión de un contrato que había durado 25 años y por el que reclamaba una compensación millonaria. Compensación que luego se vio reducida a menos de una sexta parte.
Dicha decisión jurisdiccional fue ratificada en segunda instancia después.
Tras su intervención ante el juez, Betancourt hizo entrega a los abogados de Mattos en Bogotá, Hartmann y Camilo A. Ortiz Jaramillo, del escrito de acusación, que contenía las medidas cautelares, «resumidas» en 1.500 folios.
El juez les apremió para que dieron una respuesta cuanto antes.
Algo titánico, pues es imposible estudiar tan cantidad de texto en un par de horas.
El objetivo de la Fiscalía que dirige en la actualidad el exabogado personal de Mattos, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez Neira, es avanzar con el procedimiento a fin de que el juez de garantías permita la emisión de una circular roja a través de Interpol, que funciona como mecanismo de detención preventiva. Para después pedir su extradición a Colombia.
En ese sentido, la letrada Hartmann leyó, durante su intervención, una carta que le había enviado desde España, el abogado, y exjuez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Liaño -cuyo cliente también es el empresario- en la que afirmaba que Carlos Mattos «no tendría en Colombia un juicio justo», abundando así en la línea de su compañera colombiana.
La Fiscalía había accedido a que Mattos fuera interrogado por videoconferencia desde España. Inicialmente se acordó a que tal declaración se realizada desde al embajada colombiana en Madrid. Más tarde se accedió a que lo hiciera desde la oficina de Gómez de Liaño.
Sin embargo, la detención de Vernot cambió todo. El abogado español exigió que se hiciera desde una sede judicial española y con todas las garantías, «por no ser ajustado a derecho» como lo proponía la Fiscalía de Martínez Neira.
LA DETENCIÓN DE VERNOT, INJUSTA Y DESPROPORCIONADA
Gómez de Liaño calificó la prisión de Vernot en su carta como una medida «tan injusta como desproporcionada, hasta el punto de que me pregunto si responderá a motivos estrictamente jurídicos o, en sentido opuesto, a causas ajenas al Derecho».
La orden de detención de Vernot, quien en su día se presentó como candidato a la alcaldía de Bogotá y era apoderado de Mattos, dueño de la empresa Hyundai Colombia Automotriz S.A., se produjo el mismo día en que el prestigioso periodista Gonzalo Guillén publicaba un reportaje de investigación, en el diario La Nueva Prensa, de Colombia, el pasado 24 de septiembre, sobre la propiedad oculta de un piso del del fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, en Madrid.
Situado en la calle Ortega y Gasset , en uno de los distritos más exclusivos de la capital de España, está valorado en 3 millones de dólares. La propiedad está a nombre de una sociedad pantalla panameña llamada Amanda Advisors, S.A.
La publicación de la noticia cayó como una bomba.
Martínez Neira sabía que Guillén y Vernot eran amigos. La detención del abogado se vio como una consecuencia directa de la publicación.
Vernot fue acusado formalmente de tratar de pagar el silencio de un colega, que se encontraba en prisión preventiva y que había trabajado para Mattos, con el fin de que no facilitara más información a la Fiscalía sobre el supuesto caso de soborno.
El periodista Guillén ha retado a Martínez Neira a que lo desmienta. Y a que le presente una demanda o una querella.
Pero este se ha limitado a desmentir la información.
Desde que Martínez Neira fuera nombrado, en agosto de 2016, fiscal general de la Nación, después de haber representado legalmente a Mattos desde su despacho, el DLA Piper Martínez Neira, las relaciones entre el antiguo cliente y su abogado se deterioraron desembocando en este proceso, que sería impensable en España, por las connotaciones personales y profesionales que entraña.
A nadie se le escapa que Martínez Neira tuvo acceso a muchos de los asuntos de Mattos, lo que confiere a este caso indudables aires de vendetta.
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