El abogado español del joven Daniel Sancho, Marcos García Montes, está satisfecho por el desarrollo y el desenlace del juicio que se ha celebrado desde el 9 de abril hasta ayer, 2 de mayo, en el tribunal de Ko Samui, en Tailandia.
«Estamos muy contentos porque las pruebas que se han practicado durante el juicio han demostrado que la muerte de Edwin Arrieta no fue un asesinato premeditado. En la reconstrucción de los hechos el tribunal pudo apreciar que lo que se produjo en aquella habitación fue un intento de violación de Daniel Sancho por parte de Arriega. Nuestro cliente se negó. Hubo una pelea y Arrieta terminó golpeándose en la cabeza», afirma García Montes.
«La autopsia no determinó la hora de la muerte debido a la ausencia de humor vítreo, el único método preciso para estimarla dentro de un margen de cinco a siete horas. Tampoco se identificaron la causa ni la mecánica de la muerte. Sin embargo, se encontró un golpe significativo en el occipital del cráneo, lo que sugiere un desplazamiento cerebral hacia el frontal, resultando en un hematoma que puede ser subdural y externo. Este trauma provocó pérdida de consciencia y la muerte en 4 o 5 minutos», añade.
«Según la médico forense, la fractura craneal fue causada por un impacto con un objeto intermedio, no directamente contra el suelo, como un sanitario», subraya.
De acuerdo con el abogado, el propio fiscal considera que la acusación de asesinato premeditado se le ha diluido a la vista de las pruebas practicadas en el juicio, celebrado a puerta cerrada.
«No hay homicidio doloso, nuestro homicidio de toda la vida. No existe intencionalidad. Lo que hay es lo que todos conocemos aquí como homicidio imprudente, del que hay dos modalidades. Una grave, que contempla entre 8 y 10 años de cárcel, y otro leve, cuya pena es de 6 a 8 años años de prisión. En España el caso sería un accidente», relata García Montes.
A diferencia de lo que sucede en España, donde al final del juicio las partes hacen las peticiones finales «in voce», oralmente, en Tailandia la costumbre es que las partes las aporten por escrito. Para lo cual disponen de dos meses para hacerlo.
El tribunal ya ha anunciado que pronunciará sentencia el próximo 29 de agosto.
