La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha solicitado su personación en calidad de acusación popular en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid relacionada con presunta corrupción en la contratación de suministros de prendas y artículos de uniformidad de la Guardia Civil.
La ‘Operación Grapa’ se saldó el pasado 8 de julio con siete detenidos, entre ellos un coronel de la Guardia Civil y un teniente coronel para quienes la magistrada Carmen Rodríguez-Medel ordenó el pasado viernes prisión.
El resto quedaron en libertad provisional tras prestar declaración ante Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, que estaba el viernes de guardia de diligencias y se ha inhibido en favor del Juzgado de Instrucción 50, que es el que conoce de la causa.
De las diligencias de instrucción se desprenden indiciariamente la comisión de supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación, fraude a las administraciones públicas, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales.
La AUGC relaciona la mala calidad de la uniformidad que visten los guardias civiles con esta supuesta trama de amaño de contratos públicos, según ha informado a Confilegal el secretario general de laAUGC, Juan Fernández, en una reciente entrevista.
La AUGC señala también que según informaciones periodísticas que citan fuentes de la investigación, la trama compuesta, entre otros, por altos mandos de la Guardia Civil, «incluso actuó para favorecer a empresas o planeó hacerlo, en relación con el suministro de material sanitario en plena pandemia».
«Precisamente, en momentos en los que, como ha denunciado AUGC, los guardias civiles prestaban servicio sin medios de autoprotección frente a los contagios, y las autoridades de la Guardia Civil se negaban a reconocer lo obvio y evidente: La carencia total y absoluta de previsión y planificación en la compra de elementos materiales de protección», indica.
La AUGC está convencida de que «la investigación judicial permitirá conocer si la actividad de la trama influyó y de qué manera en la situación de desabastecimiento y desamparo en la que han estado miles de guardias civiles durante el estado de alarma».
La asociación destaca entre sus fines asociativos se encuentra «ejercer la acción popular ante los tribunales de justicia, especial y principalmente en aquellos procedimientos que se inicien en relación con los hechos que puedan revestir los caracteres de corrupción en relación con las personas que en el transcurso de las diligencias y de la investigación judicial aparezcan como autores, cómplices y encubridores de este tipo de delitos y de otros casos de corrupción que directa o indirectamente hayan o puedan haber perjudicado la imagen del Cuerpo de la Guardia Civil».
Con su personación, la AUGC quiere «contribuir a que la investigación judicial depure todas las responsabilidades que, por acción u omisión, se hayan producido dentro de la Guardia Civil».
«Nos referimos a qué tipo de controles internos, previos y preventivos existen en la Guardia Civil para impedir conductas como las que han dado lugar a esta operación», explica.
