La magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, ha ordenado hoy el ingreso en prisión del coronel de la Guardia Civil Juan Antonio M. G. y del teniente coronel Alberto José M. A., eludibles bajo previa consignación de una fianza de 50.000 euros por cada investigado.
Ambos mandos han estado, supuestamente, implicados en el el supuesto amaño de concursos públicos en la Dirección General de la Guardia Civil donde se ha destapado la connivencia entre un grupo de funcionarios públicos con empresas beneficiarias de las adjudicaciones para la contratación de suministros de prendas y artículos de uniformidad del Instituto Armado.
La intervención, llevada a cabo por la Benemérita, ha sido bautizada como «operación Grapa».
Tanto el coronel como el teniente coronel detenidos han sido hoy puestos a disposición judicial y están investigados por la supuesta comisión de un delito de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, malversación, fraude a la Administración pública, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales en el marco de la denominada ‘operación Grapa’.
Rodríguez Medel, que esta hoy de guardia de diligencias, ha tomado también en el día de hoy declaración a otros cinco detenidos por este asunto, que han quedado en libertad provisional.
Posteriormente, la magistrada se ha inhibido en favor del Juzgado de instrucción nº 50 que, como se ha indicado, es el que conoce de la causa.
La prisión preventiva de los dos detenidos ha sido acordada por el Juzgado por espacio de dos años.
En caso de que abonen la fianza, se les impone, como medidas cautelares, la obligación de acudir al Juzgado cada quince días, salir del territorio español y la retirada del pasaporte.
La operación Grapa tuvo su origen en un caso anterior de estafa y apropiación indebida en el que fue detenido Luis Javier Soria, máximo responsable de “Spe Brokers Correduría de Seguros”.
Este individuo recibía las cuotas mensuales de los asegurados de la Policía con “Allianz”, pero esta compañía no recibía finalmente ese dinero.
Soria denunció que algunos mandos encargados de negociar y gestionar los contratos de la Policía Nacional se habrían llevado mordidas por, supuestamente, favorecer a empresas a afines.
Entre los nombres que dio destacaban, Juan Vicente Jiménez, nombrando en 2016 nombrado jefe de Área de Apoyo Técnico a la Jefatura Central de Logística e Innovación, Faustino Herráiz, jefe del Servicio de Contratación de Servicios, y a Fernando de la Peña, jefe del Servicio de Vestuario y Equipamiento, según elcierredigital.
El máximo responsable elaboraba los pliegos que regulan las condiciones del contrato y solía formar parte de la mesa de contratación que resolvía los concursos.
