Hay una frase que Manuel Sánchez Corbí repitió como quien machaca un clavo. Varias veces, distintos ángulos, mismo mensaje: la actuación policial más trascendente no es la que sale en televisión.
No es una detención. No es un registro con las cámaras esperando en la puerta. Es otra cosa, más silenciosa y muchísimo más determinante: decidir a quién se investiga.
«El mayor poder de la Policía Judicial no es detener, sino decidir a quién investigar», afirmó.
El coronel en la reserva de la Guardia Civil, antiguo jefe de la Unidad Central Operativa —la UCO, ese nombre que últimamente aparece en todos los sumarios que importan—, lo dijo así de claro en el Real Centro Universitario Escorial-María Cristina.
Sánchez Corbí, hoy director de Seguridad Global de una empresa del IBEX 35, trabajó durante 25 años en la lucha contra el terrorismo de ETA. Posteriormente, se incorporó a la UCO, donde permaneció 5 años, dirigiendo la unidad entre 2015 y el de agosto de 2018.
Como jefe de la UCO dirigió algunas de las investigaciones más relevantes de la última década, entre ellas las operaciones Púnica y Lezo, importantes investigaciones sobre corrupción política, así como la investigación que permitió esclarecer el asesinato de Diana Quer y otras operaciones contra el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia económica.
En febrero de 2021, dejó definitivamente el servicio activo para incorporarse a la empresa privada.
Y a pesar de eso, su conferencia, «Cuando una investigación cambia una vida. La Policía Judicial en el proceso penal», no fue un ejercicio académico de manual.
Fue, más bien, una confesión profesional con más de treinta años de fondo: ETA, crimen organizado y corrupción. Todo eso deja poso. Y ese poso es el que subió al atril del CEU en el curso titulado «Justicia y Estado de Derecho», que dirige Alfonso Martínez Echevarría, decano de la Facultad de Derecho del CEU San Pablo, y coordina el doctor Nicolás Marchal.
La realidad se construye antes de llegar al juez
Aquí está el núcleo de todo lo que dijo Sánchez Corbí, y conviene no despacharlo rápido: cuando un magistrado se sienta a valorar pruebas, cuando la Fiscalía formula acusación, ya es tarde para que la investigación empiece de cero.
Los indicios ya están seleccionados. Las líneas descartadas, descartadas. El atestado, redactado.
«Los tribunales sólo pueden valorar aquello que previamente ha sido descubierto, documentado y aportado al procedimiento», afirmó.
Léase dos veces. Porque ahí está el poder real —y también el riesgo real— de la Policía Judicial: no acusa, insistió, pero decide qué llega a la mesa del juez y qué se queda fuera.
«La Policía Judicial no existe para perseguir personas; existe para buscar la verdad de los hechos», subrayó, casi como quien traza una línea roja que no quiere ver cruzada.
El instante en que todo cambia
Convertirse en investigado. Ese es, para Sánchez Corbí, uno de los momentos más delicados de todo el proceso penal. Jurídicamente sigue intacta la presunción de inocencia, sí. Pero socialmente, ya no hay marcha atrás: la reputación se resiente, el empleo tiembla, la familia se resiente también, y encima llega la incertidumbre, esa que a veces se estira años.
«Una entrada y registro, una detención o una simple citación producen consecuencias inmediatas», explicó.
De ahí su defensa de un principio que suena sencillo y no lo es tanto en la práctica: mínima afectación posible, sin que eso reste ni un gramo de eficacia a la investigación.
Absolver no es fracasar
Hay una idea instalada —Sánchez Corbí la señaló sin rodeos— que conviene desmontar: que toda absolución equivale a un trabajo policial mal hecho. No.
Puede haber rigor absoluto en la investigación y, aun así, no alcanzar el estándar probatorio que exige una condena. Eso no es fracaso. Es, dijo, el sistema funcionando exactamente como debe.
El problema de verdad, apuntó, no está ahí. Está antes: en abrir investigaciones sin indicios sólidos de partida.
Contra uno mismo: el sesgo de confirmación
Este fue, quizá, el tramo más incómodo —y más honesto— de la charla. El enemigo no siempre está fuera. A veces está en la propia cabeza del investigador, que formula una hipótesis y, sin darse cuenta, empieza a buscar sólo lo que la confirma.
En la UCO, recordó, existía una regla que funcionaba casi como antídoto: buscar deliberadamente lo que pudiera exculpar al investigado.
«No basta con encontrar pruebas de cargo», afirmó. El buen investigador, añadió, tiene que preguntarse constantemente qué podría demostrar que está equivocado.
Es una idea incómoda para cualquier oficio que se construye sobre convicciones. Y quizá por eso mismo, necesaria.
Filtraciones: fragmentos, nunca el cuadro completo
Sánchez Corbí no se guardó las críticas al hablar de las filtraciones de sumarios. Las señaló como uno de los factores de mayor daño reputacional para un investigado. La opinión pública, dijo, sólo conoce fragmentos —nunca el expediente entero, nunca el contexto.
Su receta: más trazabilidad en los accesos a la documentación, sanciones efectivas para quien filtre, y menos reproducción indiscriminada de documentos procesales.
Tampoco se libraron las ruedas de prensa tras operaciones de gran repercusión. Legítimas, sí —las instituciones deben rendir cuentas del uso de recursos públicos—, pero con un límite innegociable: nunca presentar a un detenido como culpable antes de que exista resolución judicial.
Fue especialmente crítico con ciertas imágenes de registros y detenciones que, aunque resultan muy eficaces mediáticamente, fabrican en la mente del espectador una asociación automática entre detención y culpabilidad que la realidad jurídica no siempre respalda.
La IA, un aliado, nunca un juez
En el tramo final, la mirada se fue hacia adelante. Inteligencia artificial, análisis masivo de datos, criminalidad transnacional cada vez más compleja.
Sánchez Corbí no lo negó: estas herramientas van a multiplicar la capacidad de los investigadores para detectar conexiones que hoy resultan invisibles.
Pero puso el freno de inmediato.
«La inteligencia artificial puede ayudar a investigar, pero nunca puede sustituir el juicio humano», afirmó.
En una democracia, insistió, ninguna máquina decide quién merece ser objetivo de una investigación penal. Esa responsabilidad —dijo— seguirá siendo de personas, sometidas siempre al control judicial y al principio de legalidad.
El único patrimonio que importa
Cerró con una frase que resume, en el fondo, toda la conferencia. Tras décadas de servicio, dijo haber llegado a una conclusión que no admite matices: el mayor patrimonio de la Policía Judicial no son sus medios técnicos. Tampoco el número de operaciones. Es la credibilidad. Punto.
«Detrás de cada investigado hay un ser humano cuya vida depende de que, en la oscuridad de la investigación, hayamos sido justos, pacientes y rigurosos», concluyó.
Una defensa del equilibrio entre eficacia policial y garantías procesales que, viniendo de quien viene —treinta años en las trincheras de la investigación contra ETA, el crimen organizado y la corrupción—, pesa un poco más que si la pronunciara cualquier otro.
