La formación política que lidera Santiago Abascal ha ampliado la denuncia que presentó ante la Físcalía Anticorrupción el pasado 29 de junio contra el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, su exasesora en Podemos, Dina Bousselham, la abogada personada por la formación morada en el «caso Dina», Marta Flor, y el fiscal anticorrupción, Ignacio Stampa, por delitos de «falso testimonio, denuncia falsa, revelación de secretos, simulación de delitos, tráfico de influencias y estafa procesal».
Según ha sabido Confilegal, VOX ha basado dicha ampliación de denuncia en las informaciones publicadas por este diario digital sobre el burofax del exabogado jefe del equipo legal de Podemos, José Manuel Calvente, la carta que el comisario en prisión preventiva, José Manuel Villarejo, remitió al magistrado Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, en relación a la investigación sobre la financiación del partido de Pablo Iglesias, y el informe de la juez, Lucía Barrancos, sobre las irregularidades del «caso Unión», en el que Stampa actuó como fiscal.
Fue en el citado burofax de Calvente, remitido en octubre de 2019 al secretario de organización de Podemos, el diputado canario Alberto Rodríguez, en el que éste explicó a su jefe político que Flor había estado anteponiendo «sus relaciones íntimas con el Fiscal de un asunto importante de anticorrupción a su trabajo como abogada del partido como acusación popular en dicho asunto, poniendo en riesgo la estrategia procesal del partido» en el «caso Tándem», en el que se investiga al comisario Villarejo.
La consecuencia directa que pedir que se llame a declarar a Calvente.
VOX también hace referencia a la carta de Villarejo, que Confilegal publicó en exclusiva.
Una misiva que el comisario envió a García Castellón el 2 de mayo de 2019, en la que le explicó –en su ánimo de colaborar con la Justicia–, lo que había descubierto en relación a la presunta supuesta financiación de Podemos a través de fondos de Venezuela e Irán.
“Mi línea de investigación se boicoteó con la la intención de desacreditar cualquier información que, en el futuro, pudiera surgir», escribió.
En la misiva aportó una ristra de nombres a interrogar, entre ellos el del abogado Manuel González, un miembro significativo de Izquierda Unida, y una de sus principales fuentes.
La tercera información a la que hace referencia la formación verde es a la información sobre el informe que elaboró en noviembre de 2011 la jueza Lucía Barrancos, titular del Juzgado 5 de Arrecife, Lanzarote, sobre la macrocausa del llamado «caso Unión», cuyo fiscal era Stampa.
Dicho informe fue remitido Tribunal Superior de Justicia de Canarias, -a su vez enviado a la Fiscalía Superior de Canarias-, documento en el que detalla la disconformidad de la juez con las irregularidades que encontró cuando asumió la responsabilidad de la instrucción del «caso Unión», una causa judicial sobre supuesta prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias entre políticos y empresarios en el marco del ayuntamiento de Arrecife, proceso que todavía sigue abierto en parte en la actualidad.
La Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid admitió a trámite la ampliación del recurso de La ventana indiscreta
El programa radiofónico, La ventana indiscreta, de Radio Las Palmas, solicitó una investigación ante la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial en febrero de 2019 sobre el caso Dina sobre «la relación íntima entre la letrada, Marta Flor, y el fiscal anticorrupción, Ignacio Stampa, y una presunta revelación de secretos que pudiera afectar al caso Tándem», que posteriormente fue recurrida ante la Fiscalía.
Esta finalmente derivó la denuncia inicial a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid, la cual abrió la investigación a Stampa.
Este espacio radiofónico solicitó ampliación de recurso el pasado 16 de julio proponiendo más pruebas periciales y aportando nuevas informaciones sobre el caso Dina.
La Fiscalía Superior admitió a trámite esta petición incorporando la denuncia al expediente 32/2020, que investiga al fiscal anticorrupción Stampa.
