El Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI) esta llevando a cabo un exhaustivo seguimiento de la actividad judicial desde el día 11 de agosto y ha llegado a la conclusión que parte juzgados y tribunales de su partido judicial no están siguiendo las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, y de la Secretaría General de la Administración de Justicia, de la que dependen los letrados de la Administración de Justicia.
«El ICALI ha registrado como una serie de juzgados y tribunales de la provincia de Alicante han notificado asuntos no urgentes desde el pasado 11 de agosto», constata, en un comunicado, el citado Colegio, que preside el decano Fernando Candela.
El Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, declaró como hábil el periodo comprendido entre el 11 y el 31 de agosto.
Sin embargo, después el CGPJ, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y las 12 Comunidades con competencias transferidas en materia de justicia, decidieron, respectivamente, hacer que esos días fueran «oficiosamente» inhábiles recomendando a jueces, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios, que se tomaran las vacaciones en agosto.
El propio ICALI, que se mostró en contra y protestó por la habilitación de agosto, recomendó a sus colegiados concentrar sus vacaciones en este mes, en esa misma línea.
Dicha «recomendación», como ha podido constatar la Junta de Gobierno del ICALI, no ha sido seguida por algunos jueces y magistrados, que se han ceñido al pie de la letra del Real Decreto-ley y han seguido trabajando. Perjudicando con ello a los abogados que habían asumido que la paralización iba a ser completa, como en otros años.
