El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha admitido este lunes que «claro que preocupa» la investigación a Podemos, por los supuestos delitos de malversación, blanqueo de capitales y administración desleal, pero ha pedido «confiar en la justicia» y dejarla actuar y «ver cómo avanzan» las pesquisas del titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla.
«Hay que dejar actuar a la justicia y ver cómo avanza la investigación, que es muy primaria en el sentido de que es muy reciente en el tiempo. Claro que preocupa, pero también hay que confiar en la justicia y los pasos que vaya dando se irán modulando y adoptando por quien corresponda las necesarias actuaciones», ha afirmado Campo en una entrevista en la Cadena Ser.
El responsable de Justicia ha explicado que no conoce los detalles de la investigación, por lo que no sabe si hay materia para indagar, si bien ha remarcado que «hay que ser tremendamente respetuosos» con la actuación del magistrado instructor, que sí entiende que «hay motivos para unas primeras actuaciones», y luego «se irá viendo».
En cuanto a la respuesta dada desde Podemos ante esta investigación, el ministro considera que el partido, como organización política, sí es respetuoso con el poder judicial, pero ha reconocido que «a nivel individual» ha escuchado comentarios de dirigentes que no comparte.
Eso sí, ha querido dejar claro que los miembros de Podemos «tienen libertad de expresión, que «no tiene por qué ser coincidente» con la suya.
Por eso, ha recalcado que no comparte la opinión de que la investigación se trata de una operativa para descabalgarle del poder.
«No lo comparto, evidentemente. Confío plena y ciegamente en el papel de la justicia», ha subrayado Campo, quien ha añadido que no es su «papel» reprochar al líder del partido morado, Pablo Iglesias, las opiniones vertidas por algunos dirigentes.
SOBRE EL REY EMÉRITO
Preguntado sobre don Juan Carlos, Campo ha declarado que no sabe dónde está el Rey emérito, pero que está seguro de que «no se tardaría ni un segundo en encontrarlo» si fuera convocado por la Fiscalía o el Tribunal Supremo.
Campo considera que el paradero de Juan Carlos I «tiene una relevancia o importancia relativa», sino que «lo importante son los pasos que está dando la Casa Real».
«Las decisiones que llevan a alejarlo más del foco lo que fortalece el trabajo por la transparencia. La decisión ha sido de la Casa Real, una decisión que no la ha tomado con el Gobierno. La justicia tiene que hacer su papel y nos corresponde a los ciudadanos tratarlo como a un ciudadano más ahora», ha dicho el ministro.
DON JUAN CARLOS NO ESTÁ INVESTIGADO
Según ha resaltado, «la justicia es igual para todos y todos tenemos derecho a la presunción de inocencia», ya que ha recordado que Juan Carlos I es «alguien que no tiene ninguna causa abierta ni ningún señalamiento como investigado».
«Debemos evitar juicios paralelos que no conducen a nada, y menos un juicio paralelo», ha dicho.
A la pregunta de si lo que ocurra a partir de ahora con el Rey emérito forma parte de la vida privada de éste y no tiene por qué afectar a la institución de la Monarquía, Campo ha respondido que se trata de un «debate importante desde el punto de vista doctrinal», tras lo cual se ha limitado a señalar que «hay que dejar que la justicia haga su papel institucional» y ha insistido en que «todos somos iguales ante la ley».
Aunque ha admitido después que el jefe del Estado es inviolable, según la Constitución, ha apuntado que se trata de una condición que Juan Carlos I «ya ha perdido» desde su abdicación.
NO TOCA ABRIR EL DEBATE DE LA REPUBLICA
En todo caso, el ministro considera que no es el momento para abrir «debates de hondo calado» sobre la inviolabilidad de Felipe VI.
«Todos los debates enriquecen la democracia, pero hay que buscar la oportunidad. Estamos en una situación muy compleja por la crisis económica y sanitaria y hay que buscar la oportunidad o serenidad necesarias para abordar debates con eficacia», ha explicado
Lo mismo ocurre, en su opinión, con el debate sobre Monarquía o República, al tiempo que ha recordado que fue la Constitución aprobada en 1978 la que estableció la Monarquía parlamentaria como modelo de Estado en España.
En cuanto al planteamiento de modificar el Código Penal para eliminar el delito de injurias a la Corona, el ministro de Justicia ha dicho que «todos los debates jurídicos son aceptables», pero él no es partidario de hacerlo.
«Las altas instituciones del Estado tienen que estar protegidas. Cuando protegemos a la Corona, protegemos al Estado. No es la línea en la que yo instaría una modificación en el Código Penal. Aunque las críticas son sanas, pues una sociedad libre es una sociedad crítica», ha afirmado.
