VOX ha presentado una querella ante el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional contra el vicepresidente segundo del Gobierno y secretario General de Podemos, Pablo Iglesias; la exasesora de Iglesias, Dina Bousselham; la abogada Marta Flor; y el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa.
El partido de Santiago Abascal se querella contra los cuatro por denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito (artículos 456 y 457 Código Penal), estafa procesal (artículo 250.1.7º Código Penal), tráfico de influencias (artículo 428 Código Penal) y revelación de secretos (artículos 417 y 418 del Código Penal).
Se da la circunstancia de que Iglesias al ser miembro del Gobierno está aforado por lo que, según el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la instrucción y enjuiciamiento tendría que encargarse el Tribunal Supremo.
En el escrito, según ha informado Vox a través de un comunicado, la vicesecretaria jurídica de la formación, Marta Castro, analiza la implicación del fiscal Stampa en una presunta connivencia con la abogada de la formación morada, en el marco de una posible relación sentimental, para la obtención de información secreta y privilegiada.
Asimismo, las contradicciones de las declaraciones de los implicados en el ‘caso Dina’, una de las 25 piezas en las que ha quedado dividida la ‘Operación Tándem’ del comisario jubilado José Manuel Villarejo y la «presunta ocultación y manipulación de la información ofrecida por los querellados al juzgado para obtener diferentes réditos».
En el caso Dina se investiga el robo por parte de una persona desconocida de la tarjeta de memoria del móvil de Dina Bousselham. El presidente de Grupo Zeta, Antonio Asensio, tuvo en su poder esta tarjeta entre 2015 y enero 2016, fecha en la que se la devolvió al líder de Podemos.
Tras la judicialización del caso en marzo, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del ‘caso Tándem’, retiró en junio la condición de perjudicado del vicepresidente tras constatar que tuvo en su poder la tarjeta del móvil de su exasesora durante varios meses antes de devolvérsela.
«La línea era culpar a Villarejo, sin embargo, más tarde la Policía Nacional acreditó que había mentido y tuvo que reconocer que las había pasado a terceros”, explica Castro en la querella.
También, agrega, el marido de Dina, Ricardo Sa Ferreira, dijo a las autoridades que tras el robo del móvil él no había vuelto a saber nada sobre la tarjeta.
Sin embargo, «para acreditar que ella no la destruyó, aportó como prueba una serie de correos electrónicos que había mandado a una tienda para intentar recuperar los datos«.
La exasesora de Iglesias dijo que sus intentos de recuperar la información se produjeron en el verano de 2016, pero los correos son de febrero de 2017, explica la formación de Abascal.
«Dina Bousselham declaró en un primer momento que había recibido la tarjeta quemada y que no pudo acceder a su contenido, implicando así a Iglesias».
En este sentido, señala que «si en el Grupo Zeta, el vicepresidente la pudo revisar y Dina no, fue él quien la quemó«.
Por último, Castro destaca que en el caso de Iglesias, obedece a una estrategia por la que “victimizarse” para sacar rédito político y que los abogados de Podemos concertaron con Fiscalía Anticorrupción para intentar implicar a OK Diario en el Caso Dina.
Finalmente, la querella solicita que se tome declaración a los cuatro querellados, así como que se requiera a Marta Flor, al exabogado de Podemos José Manuel Calvente y al fiscal Ignacio Stampa copia íntegra de los mensajes que intercambiaron los interesados entre sí.
