Ocho diputados del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados han dirigido una batería de ocho preguntas al Gobierno, sobre las que solicitan respuesta por escrito. Inquieren sobre el caso del magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés Dal-Ré, investigado por supuestos malos tratos a su esposa, y el patente silencio mantenido, en este caso, por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.
Esto contrasta con sus múltiples declaraciones en casos similares en los que siempre Rosell se ha pronunciado públicamente del lado de las víctimas.
«¿Es un silencio que contrasta con sus múltiples declaraciones en casos similares en los que siempre se pronuncia públicamente del lado de las víctimas. Excmo. Señor Fernando Valdés Dal-Ré implicado en un supuesto delito de violencia de género, puede deberse a que éste es el ponente en el Tribunal Constitucional del recurso presentado por la señora Delegada del Gobierno y que está pendiente de resolución por parte del Alto Tribunal?«, dice una de las preguntas.
Los ocho diputados populares, Luis Santamaría Ruiz, Miguel Ángel Jerez Juan, Isabel María Borrego Cortés, Jaime Eduardo de Olano Vela, Carlos Rojas García, Javier Merino Martínez, Vicente Betorett Coll, Ana Vázquez Blanco y MaríaTeresa Angulo Romero, se hacen así eco de las informaciones publicadas por Confilegal.
Una sentencia que anuló el fallo anterior del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en el que se le había dado la razón a la magistrada por completo.
El recurso de amparo –el número 593.417– todavía está pendiente de resolverse en el Constitucional.
Esto explica el silencio mantenido por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género sobre el caso, con la esperanza de que el caso de Valdés Dal-Ré quedara en nada y pudiera obtener una sentencia favorable.
Valdés Dal-Ré fue detenido el pasado 10 de agosto por la noche por un supuesto delito de violencia sobre la mujer, en la persona de su esposa.
El caso está pendiente de resolución en el Tribunal Supremo.
Los ocho diputados también preguntan al Gobierno sobre el papel de la fiscalía de violencia de género en este caso: «¿Cuáles han sido las actuaciones llevadas a cabo por la fiscalía especializada en materia de violencia de género en el Tribunal Supremo en el caso del magistrado del Constitucional Excmo. Señor Fernando Valdés Dal-Ré?».
E interrogan sobre la existencia de alguna posible orden o instrucción que dicha fiscalía pudiera haber recibido para favorecer a Valdés Dal-Ré: «¿Ha recibido la fiscalía especializada en materia de violencia de género en el Tribunal Supremo alguna orden o instrucción en el caso del magistrado del Constitucional Excmo. Señor Fernando Valdés Dal-Ré, y en caso afirmativo de quién y en qué sentido?».
IMPUNIDAD
A los representantes del PP, autores de las preguntas, les preocupa las señales erróneas que se pueden estar mandando a la ciudadanía ante la ausencia de cualquier tipo de acción en el caso, lo que podría estar generando cierta sensación de impunidad.
«¿Considera el Gobierno de España que la no adopción de medidas cautelares en el presunto delito de violencia de género cometido por el magistrado del Tribunal Constitucional, Excmo. Señor Fernando Valdés Dal-Ré, pueda generar cierta sensación de impunidad y todo ello afectar a la labor de quienes día a día luchan contra este tipo de violencia execrable?», dice otra de las preguntas.
Y si también la ausencia de medidas cautelares y el retraso del juicio consiguiente, que en condiciones normales, con cualquier otro ciudadano ya se habría producido, pone en riesgo a la supuesta víctima: «¿Considera el Gobierno de España que la no adopción de medidas cautelares y la demora en la celebración del juicio en el caso del presunto delito de violencia de género presuntamente cometido por el magistrado del Constitucional Excmo. Señor Fernando Valdés Dal-Ré puede poner en una situación de riesgo a la presunta víctima?».
EL PRESTIGIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EN JUEGO
Los diputados populares, aunque no plantean de forma directa la dimisión de Valdés Del-Ré por estos hechos, sí lo hacen de forma oblicua con esta pregunta: «¿Considera el Gobierno de España que la situación en la que se encuentra el magistrado del Tribunal Constitucional Excmo. Señor Fernando Valdés Dal-Ré implicado en un supuesto delito de violencia de género está afectando a la credibilidad y al prestigio del Alto Tribunal?».
