Tras superar un máster y un examen único, los profesionales decidirían si colegiarse como abogado o procurador. Foto: EP.
Justicia trabaja en una reforma que permita el acceso único a la abogacía y la procura
No se podrán ejercer simultáneamente ambas profesiones
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09/9/2020 17:55
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Actualizado: 09/9/2020 17:57
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El acceso único al ejercicio de la abogacía y de la procura está un poco más cerca. El Ministerio de Justicia está trabajando en una reforma que permita tras superar un máster y un examen único colegiarse como abogado o procurador.
Hasta el momento, aquellas personas que quieren ejercer alguna de estas profesiones tienen que decidir a cuál se quieren dedicar antes de realizar el máster y el examen de acceso. Algo que cambiará tras la reforma, ya que habrá un máster y un examen único.
Eso sí, según ha advertido este miércoles el Consejo General de Procuradores a través de un comunicado y ha confirmado Justicia, este acceso único permitiría colegiarse como abogado o procurador pero «nunca ejercer simultáneamente ambas profesiones que permanecerán siendo incompatibles».
Este acceso único requiere una modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.
Este asunto no es nuevo, pues a comienzos del año 2018 el Gobierno, entonces del PP, anunció esta reforma que posibilitaría que abogados y procuradores pudieran integrarse en una misma entidad, habilitar un sistema de acceso único a dichas profesiones y clarificar el régimen arancelario de los procuradores.
En aquel momento, el Ejecutivo ya aseguró que la independencia e imparcialidad en el ejercicio de cada profesión seguiría estando garantizada, por el mantenimiento de la incompatibilidad para el ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura. Esto seguiría siendo así.
La modificación legislativa quedó paralizada, sin embargo, porque meses después de su anunció prosperó la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy.
El origen de esta reforma que ahora se retoma se sitúa en la necesidad de adaptar la normativa española a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
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