El coronavirus amenaza con poner en evidencia la resiliencia del sector legal. No solo en sus aristas más tradicionales, sino también en aquellas menos consolidadas. De hecho, mientras los despachos se mantienen prudentes ante las oscuras perspectivas económicas, la realidad de la crisis comienza a cobrarse sus primeras víctimas.
Así está ocurriendo con algunos servicios legales surgidos al calor de la digitalización. Easyoffer, una de las plataformas para la búsqueda de abogados y asesores pioneras en España, despidió a casi todo su equipo hace unas semanas.
Según informan fuentes próximas a la firma digital, el pasado 22 de julio se reunió a la plantilla para anunciarles su despido. Los motivos de esta decisión fueron la caída de actividad registrada en los últimos meses, lo que habría precipitado las salidas en una plantilla que, al cierre de 2018, estaba compuesta por 15 empleados y cuyo grueso se dedicaba a la actividad comercial. Ese año la plataforma destinó 589.349 euros a pagar salarios. No obstante, las mismas voces añaden que actualmente empleaba a menos personal.
Otras fuentes relacionan esta precipitación en la rescisión de contratos con un inminente cese de prestación de servicios por parte de Easyoffer, a la que la pandemia habría dejado con dificultades para coger aire. De hecho apuntan que en la reunión con la plantilla sus responsables informaron de su intención de liquidar la empresa vía concurso de acreedores.
Confilegal no ha podido confirmar este último extremo puesto que Martin Andersen, su consejero delegado, no ha querido atender a este periódico. No obstante, un profesional del sector que prefiere mantener su anonimato declara que el 23 julio la firma informó a los abogados con los que trabajaba de un «problema técnico» en la plataforma. Era la primera vez en su historia que no se subía un caso nuevo en día laborable.
Easyoffer arrancó sus operaciones en 2015 de la mano de los hermanos daneses Martin y Thomas Andersen. Su modelo de negocio se basa en conectar clientes que precisan un servicio legal y los abogados o asesores que lo prestan. Para ello cuenta con una red en la que había suscritos alrededor de 5.000 profesionales en 2017, entre autónomos y letrados de pequeños despachos. En ese momento cerró una financiación de 500.000 euros de inversor privado y sus responsables aseguraban recibir entre 100 y 200 casos diarios.
A pesar de estas cifras, parece que la solución tecnológica que planteaban no ha terminado de calar. La startup generó un volumen de negocio de 728.997 euros en 2018, último ejercicio disponible, frente a los 410.951 euros del año anterior. Tras registrar unas pérdidas de 57.572 euros en 2018, acumulaba un fondo de maniobra negativo superior a los 400.000 euros.
Como fuere, la liquidación de Easyoffer reaviva el debate acerca del desarrollo de las llamadas legaltech en un mercado como el español, donde la escasa cultura digital supone un freno a la hora de escalar el negocio al segmento premium de empresas y organizaciones.
