Nuevo conflicto en parejas divorciadas: llevar o no los niños al colegio por miedo al contagio
"La solución pasa una vez más por la creación de la jurisdicción de Familia", reivindica la Plataforma Familia y Derecho
|
15/9/2020 12:59
|
Actualizado: 10/4/2023 17:58
|
Si entre parejas casadas y bien avenidas se están dando casos en los que ante el coronavirus uno decide llevar al niño al colegio y el otro no por miedo al contagio, la conflictividad aumenta entre padres divorciados, muchos de los cuales están poniendo el asunto en manos de los abogados para acudir a los tribunales e iniciar procedimientos del artículo 156 del Código Civil, según han informado a Confilegal desde la Plataforma Familia y Derecho (PF&D).
El presidente de esta asociación civil, Xavier Abel Lluch, magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 14 de Barcelona y doctor en derecho, señala que en estos casos nos hallamos ante un desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad a tramitar como un expediente de jurisdicción voluntaria (artículo 86 y siguientes de la Ley 15/2015, de 2 de julio), «como puede ser, entre otros ejemplos de los más frecuentes en la práctica de juzgados y tribunales, la elección de centro escolar o de lugar de residencia».
Xavier Abel explica que se trata de «un desacuerdo de no de fácil solución», pues habría que efectuar una «ponderación entre el derecho a la educación del menor –y de un menor en concreto- y el derecho a la salud pública, y todo ello en relación con las circunstancias concretas de una familia –y sus posibilidades de conciliar vida familiar y laboral- y las medidas de seguridad existentes o que se podrían adoptar en un determinado centro escolar».
«Es una situación absolutamente novedosa a nivel judicial, de la que no contamos, hasta el momento, con precedentes, y en la que, con observancia del interés superior del menor, principio rector de toda decisión en el ámbito de la familia -artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor-, los jueces deberemos aquilatar exquisitamente, entre otros factores, los protocolos de las autoridades sanitarias, las medidas de prevención adoptadas en el centro escolar, el número de contagios existentes y el riesgo de transmisión en el entorno escolar, y también en el supuesto que ambos progenitores desempeñen una actividad laboral, si alguno de ellos puede acogerse a una baja laboral por cuidado de hijo con diagnóstico positivo de Covid-19″, explica este magistrado.
Añade que desde una perspectiva más amplia, «el desacuerdo entre unos progenitores sobre si llevar o no a un niño al colegio, no deja de ser una plasmación concreta y real del amplio y recurrente debate entre la libertad –en este caso, de recibir una educación- y la seguridad –la de la salud pública de la sociedad entendida como colectividad».
La junta directiva de la plataforma, de izquierda a derecha: Paloma Abad Tejerina , vicepresidenta; Xavier Abel Lluch, presidente; Xavier Abel Lluch, secretaria; Paloma Zabalgo Jiménez, tesorera; y las vocales Mariola Quesada Hernández; Belén Ureña Carazo; Paloma Factor San José; y Carlota O’Callaghan Rodríguez.
«Con padres divorciados estamos a diario con incidentes del 156. Por ejemplo, un cambio de colegio; de domicilio; la elección del dentista, que es uno de los clásicos; o si se hace o no la comunión en mayo, el procedimiento de jurisdicción voluntaria estrella», informa a este diario la abogada de derecho de familia Isabel Winkels Arce, secretaria de la Plataforma Familia y Derecho.
Señala que también le llegan casos de discrepancia sobre si el hijo hace la comunión o no, la fecha en la que se celebra, e incluso sobre quién compra el traje y quién viste a la niña ese día.
Otros casos de discrepancias en la patria potestad que ha llevado también destacan otros relativos a si es conveniente discrepancia médica sobre practicar determinadas operaciones o no al hijo o tratamientos médicos como la hormona del crecimiento.
Isabel Winkels recuerda que el artículo 156 del Código Civil establece que «la patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro», y que en caso de desacuerdo cualquiera de los dos podrá acudir al juez, quien después de oír a ambos y al hijo si tuviera suficiente juicio y, en todo caso, si fuera mayor de 12 años, atribuirá sin ulterior recurso la facultad de decidir al padre o a la madre.
Si los desacuerdos fueran reiterados o concurriera cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad, el juez podrá atribuirla total o parcialmente a uno de los padres o distribuir entre ellos sus funciones; una medida que tendrá vigencia durante el plazo que se fije y que no podrá exceder de dos años.
La abogada Isabel Winkels Arce, secretaria de la plataforma y socia directora de Winkels Abogados, despacho especializado en derecho de familia.
PF&D PIDE A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS QUE IMPULSEN LA CREACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE FAMILIA
Preguntado al inicio del año judicial sobre cuáles son los retos más importantes en el ámbito de familia, eñ presidente de PF&D afirma que «el más importante sigue siendo el de la especialización».
Precisamente, el principal fin de esta plataforma, fundada hace justo un año, es conseguir la especialización en el orden jurisdiccional civil de las materias de Infancia, Familia y Capacidad, así como que se introduzcan las reformas necesarias en derecho de familia para garantizar la especialización de todos los operadores que han de intervenir en estos procedimientos.
Xavier Abel Lluch señala que el reto de la especialización es «particularmente importante este año, en el que se tramitará el Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia», que en su redacción inicial preveía la creación de una jurisdicción especializada en Familia, Infancia y Capacidad, pero en cuya última redacción, según se ha publicado, «aun manteniendo esta previsión, lo hace de manera bastante menos ambiciosa».
El redactado de este Proyecto de Ley se encuentra actualmente en fase de alegaciones en el Congreso de los Diputados, y PF&D pide a los parlamentarios que impulsen la creación de la jurisdicción de familia.
Esta asociación afirma que debe llevarse adelante “con urgencia” esta reforma orgánica que establezca la especialización en materia de familia de los órganos judiciales, tanto de primera como de segunda instancia, «con una adecuada delimitación de las materias de su competencia» porque “solo de esta manera será posible mejorar la gestión procesal de los conflictos familiares y las resoluciones que se dictan”.
Según asegura Winkels, “los principios que informan el derecho de familia son dificilmente alcanzables en las condiciones de trabajo actual”.
La Plataforma Familia y Derecho muestra su predisposición a colaborar con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el Ministerio Justicia y con los partidos políticos en cualquier grupo de trabajo que persiga la finalidad de la especialización en el orden jurisdiccional civil de las materias de Infancia, Familia y Capacidad.
«Resulta esencial que profesionales especialistas como los que integran la plataforma puedan devenir en interlocutores de los responsables legislativos para contribuir efectuando nuestras aportaciones sobre la configuración legal de la ansiada especialización en materia de infancia, familia y capacidad», manifiesta Xavier Abel.
«Somos abogados, jueces, fiscales, psicólogos, trabajadores sociales, pediatras sociales… Somos los que estamos en el día a día al pie del cañón lidiando con todos los problemas de familia. Estamos en las urgencias del Derecho de familia. Pedimos que nos escuchen porque tenemos criterio de cómo enfocarlo y de qué tipos de medidas y de regulación se debe articular para dar una solución al ciudadano satisfactoria que proteja a los menores», añade Isabel Winkels.
Esta abogada de derecho de familia comenta que muchos niños se encuentran inmersos en graves conflictos de lealtades, que acaban somatizando, y que terminan siendo derivados por los pediatras a psicólogos a fin de iniciar la terapia correspondiente.
«Resulta muy doloroso ver estas situaciones derivadas de la cronificación de los conflictos y que también terminan en muchos casos en Juzgados de Violencia de Género», destaca Winkels.
«Escúchenos legislador, escúchenos señor ministro y cuente con nosotros para ver de qué manera podemos resolver las urgencias del Derecho de familia, para evitar que esos niños se vean sometidos a esos conflictos, que esas familias no terminen en los juzgados de Violencia de Género, y para conseguir que puedan tener lo que les reconoce la Declaración de Derechos Humanos: una vida libre de violencia«, reitera esta letrada.
‘LA ESPECIALIZACIÓN ES FACTIBLE CON MÍNIMA INVERSIÓN’
Esta plataforma ha analizado de forma pormenorizada la planta judicial en toda España, y el pasado abril hizo al CGPJ una propuesta de aquellos juzgados que pueden ser especializados para tramitar los novedosos procedimientos y reformas procesales que publicó el Ministerio de Justicia en el Real Decreto 16/2020.
Según afirma, esta propuesta «es factible con mínima inversión”.
Pinchando aquí puede descargarse la propuesta. La acompaña con un anexo con los estudios de la planta judicial, con un cuadro de la situación actual en España y con otro con datos de los distintos partidos judiciales en cada una de las comunidades autónomas.
El pasado junio, el CGPJ aprobó, con 20 votos a favor y uno en blanco, una guía, impulsada por su Comisión de Igualdad para establecer criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida, que reclama, entre otras cuestiones, una reforma urgente de la legislación con el fin de regular de manera clara la custodia compartida; la especialización en materia de familia de órganos judiciales en primera y segunda instancia, y la mejora en la comunicación entre los juzgados de familia y los juzgados penales para garantizar la seguridad de los menores en los casos de violencia intrafamiliar.
La guía recoge así la reivindicación de esta plataforma.
DESCARGAR GUÍA DE CRITERIOS DE ACTUACIÓN JUDICIAL EN MATERIA DE CUSTODIA COMPARTIDA
Ha sido realizada por un grupo multidisciplinar de expertos en derecho de familia procedentes de la judicatura, la Fiscalía, la abogacía especializada y los institutos de medicina legal y forense, coordinado por los vocales de la Comisión de Igualdad y por el vocal de la Comisión Permanente Álvaro Cuesta Martínez, socio fundador de la Plataforma Familia y Derecho.
Además, la mayoría de los profesionales que han intervenido son socios de esta plataforma, como Francisca Fariña, Jose Antonio Seijas, Margarita Perez-Salazar, Pascual Ortuño, Luis Aurelio González, María Dolores Lozano y Vicente Tovar.
ORGANIZA 7 SEMINARIOS ‘ONLINE’ SOBRE CADA UNO DE ‘LOS 7 RETOS MÁS IMPORTANTES EN EL ÁMBITO DE FAMILIA’
La Plataforma Familia y Derecho va a impulsar un debate público, a través de ‘webinarios’, sobre «siete puntos clave» en el ámbito de Familia: Especialización, interdisciplinaridad, internacionalización, formación, reformas legislativas urgentes, las buenas prácticas judiciales, y un código de la infancia y las familias.
Siete cuestiones que esta plataforma considera «imprescindibles» para perfilar la agenda 2020-2030 en materia de Infancia, Familia y Capacidad» y que Xavier Abel ya avanzó el pasado 16 de junio en una columna en Confilegal, titulada ‘La agenda 2020-2030 en familia: Siete claves para un debate público’.
El primer seminario online abordará el tema de la especialización. Tendrá lugar el próximo jueves, 17 de septiembre, a las 19.00 horas.
📍Abierta la inscripción para el primer webinar de los 7 que vamos a celebrar dentro del ciclo «7 Claves para un debate público” (Agenda 2020-2030 en Familia). Será el próximo 17 de septiembre de 19 a 20.30.
Puedes inscribirte aquí 👇👇https://t.co/mlkbWQZZSY pic.twitter.com/suXq91dL9E
— Plataforma Familia y Derecho (@PlataformaFyD) September 10, 2020
Hasta el momento ya cuenta con 288 inscritos.
Presentado por Xavier Abel Lluch y moderado por la vicepresidenta de la plataforma, la abogada Paloma Abad, en él se ofrecerá una visión interdisciplinar de la cuestión, pues intervendrán Francisco Salinero Román, magistrado de la Audiencia Provincial de Valladolid; María Dolores Lozano, abogada de Familia de Palma de Mallorca y presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA); Fernando Álvarez Ramos, psicólogo del equipo técnico de los Juzgados de Bilbao; y Marilén Villalonga, mediadora y coordinadora de parentalidad en Madrid.
En la Plataforma Familia y Derecho, tal y como se refleja en sus estatutos, están «convencidos de que los retos que afectan a las familias en el Derecho en los próximos años deben enfocarse desde una perspectiva interdisciplinar», según explica su presidente.
«La complejidad y diversidad de los retos que afectan a las familias en el derecho exige un diálogo respetuoso y competente entre todos, quienes, de una forma u otra, intervenimos en los procesos de ruptura de parejas, dado que las decisiones que adoptamos afectan a la cotidianeidad de la vida de las familias», apostilla Abel.
La plataforma, de hecho, es una asociación civil de carácter multidisciplinar.
Fue fundada en septiembre de 2019 por 156 socios de toda España que desarrollan su actividad profesional en el Derecho de Familia, entre ellos Encarnación Roca, magistrada del Tribunal Constitucional y catedrática de Derecho Civil; Juan Antobio Xiol Ríos, también magistrado del Constitucional; Antonio Salas Carceller, magistrado del Tribunal Supremo, la fiscal Escarlata Gutiérrez, y Álvaro Cuesta, vocal del CGPJ.
En la actualidad son más de 1.000 socios, destacadas personalidades de todas las profesiones implicadas en el Derecho de Familia.
Noticias Relacionadas:
