El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, se ha mostrado hoy visiblemente molesto con los resultados de una de las medidas del Ministerio de Justicia para hacer frente a los efectos de la pandemia de Covid-19, la habilitación parcial de agosto.
Y es que, según el avance de los resultados del Observatorio de la Normalización de la Actividad Judicial, una iniciativa impulsada por el ICAM para evaluar desde el punto de vista de la abogacía madrileña la eficacia de las medidas procesales y organizativas adoptadas, el volumen de señalamientos durante el mes de agosto ha sido muy escaso.
El decano y el director del Área de Defensa al Colegiado y Normativa, Fernando Bejerano, han dado a conocer las conclusiones del estudio en una comparecencia telamática desde el salón de actos de la sede de la abogacía madrileña.
Alonso ha recordado que «el ICAM se opuso desde el principio a la habilitación del mes de agosto, no porque no queramos colaborar para ayudar a este país a sobreponerse de los gravísimos efectos de la pandemia, no porque quisiéramos adoptar una posición egoísta frente a otros colectivos», ya que «la abogacía tiene que jugar un papel fundamental, junto con la Administración de Justicia, para salir adelante».
Sin embargo, «sabíamos que iba a ser una medida absolutamente inútil que no iba a servir para solucionar los problemas de la Administración de Justicia y, en definitiva, de los ciudadanos. Sabíamos también que los únicos paganos de esa inutilidad íbamos a ser los abogados y procuradores y lamentablemente la realidad nos ha dado la razón», ha subrayado.
En este sentido, el informe refleja que el 94% de los encuestados refiere que no se ha dado cumplimiento a la recomendación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de notificar los señalamiento comprendidos en el mes de agosto con anterioridad al 15 de junio.
Desde el ICAM, y con el objetivo de atenuar el número de suspensiones durante los meses de junio, julio y agosto, se propuso consensuar la agenda de señalamientos entre los órganos judiciales y los profesionales de la abogacía, sin embargo, según las conclusiones del estudio, un 87% de los letrados encuestados señala que no ha sido consensuada la fecha del señalamiento.
Amenaza con movilizaciones
“Se nos llama colaboradores, lo cual niego, pero aunque se nos llame colaboradores lo que no puede ser es que nos traten como gente de segunda y relegarnos a un papel secundario”.
Por ello, ha insistido, el ICAM seguirá reclamando la participación de la abogacía en la toma de decisiones de la Administración de Justicia, sin descartar otro tipo de acciones.
“Los abogados vivimos de hechos y pruebas, y yo estoy contando hechos y pruebas, si pese a eso no pasa nada, tendremos que ir a las movilizaciones”, ha remarcado.
“No se nos puede excluir de la solución. Y desde luego, este Colegio de Abogados de Madrid, que es el más grande de España con diferencia, no va a tolerar un mes de agosto como el que hemos tenido”.
Alonso ha afirmado que tiene el convencimiento de que «los jueces decano se están dejando la piel para que se cumplan determinadas directrices, el presidente del TSJ y toda su Sala de Gobierno, la Consejería de Justicia, el Ministerio de Justicia están intentando que eso suceda, pero luego en la realidad no sucede y lo más grave es que no pasa nada si no se siguen esas recomendaciones».
Los cuestionarios también reflejan la situación respecto a la celebración de actuaciones judiciales en horario de tarde. Aunque se aprecian cifras más altas en el mes de julio, se trata de un porcentaje inferior al 10%.
En consecuencia, afirma el ICAM, «se puede considerar una medida que, por su escasa puesta en práctica, ha contribuido poco a la descongestión para la reactivación judicial tras el estado de alarma».
Por otro lado, tan solo un 10% de los encuestados manifiesta haber celebrado de forma telemática algún señalamiento desde la reactivación de la actividad judicial. «La falta de medios se erige como la principal causa, así como la ausencia de protocolos al efecto que unifiquen los criterios elementales».
Por lo que se refiere a las medidas de protección frente al Covid-19, el Observatorio refleja que se han trasladado incumplimientos de la distancia de seguridad (16,5%), en la adecuación de salas de vistas (14,8%), en la falta de medios de protección (12,8%), en la limpieza de salas de vistas (15,6%) y en el debido distanciamiento entre señalamientos (29,9%).
En este sondeo, que se realizó entre el 1 de julio y el 10 de septiembre, han participado más de 1.200 profesionales de la abogacía.
Pendencia de Madrid en el registro de demandas
Para completar este informe y tener una visión global se han recabado datos relativos al estado de la pendencia de Madrid en el registro de demandas.
Alonso ha advertido que es «significante» que a fecha 3 de septiembre de 2020 existan 31.679 demandas iniciadoras de asuntos civiles y 1.929 demandas ejecutivas sin repartir.
Son datos que únicamente hacen referencia a la vía de entrada digital, pues con relación a las presentadas de forma presencial no se realiza un conteo previo a su registro, debido su elevado número y a la reducida dotación de personal.
«Podemos comprobar que la falta de medios, no solo afecta a espacios físicos, sino que transciende al estado de pendencia en el registro de asuntos», concluye el informe.
