Mañana, 23 de septiembre, se celebrará el primer gran encuentro virtual entre las principales instituciones de justicia de América Latina y de la Unión Europea (UE).
Lo organiza el programa de la UE, EL PAcCTO, con el objetivo de favorecer la cooperación y la coordinación en la materia para ser más eficaces en la lucha contra el crimen organizado.
Las relaciones jurídicas entre Europa y América Latina son más intensas cada día y su buen funcionamiento es clave para combatir la criminalidad organizada en ambos lados del Atlántico.
Un asunto crucial para alcanzar la seguridad general y jurídica de los Estados, además de facilitar el desarrollo social y económico. Ya existen sistemas de coordinación entre las instituciones de los distintos Estados, sin embargo, nos encontramos en un momento clave para profundizar en su consolidación.
La realidad normativa e institucional pone de manifiesto un incremento de las herramientas de trabajo al alcance de todos los operadores jurídicos de los Estados, desde las unidades territoriales de los Ministerios Públicos hasta los órganos que culminan las jurisdicciones nacionales.
Como consecuencia, se ha producido un incremento cuantitativo y, lo que es más importante, cualitativo de las peticiones de cooperación entre las distintas autoridades nacionales.
Además, siguiendo modelos en origen comunitarios, se están imponiendo instrumentos más sofisticados de cooperación en ambos continentes, caso de la creación de equipos conjuntos de investigación o de normas facilitadoras de la ejecución de órdenes transnacionales de detención de sospechosos o de protección de testigos.
Con todo y con ello, para que estos mecanismos existan y permitan obtener resultados son precisos sistemas de coordinación.
COMBATIR EL CRIMEN ORGANIZADO EXIGE UN ESFUERZO MAYOR DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN
Las redes de profesionales son un mecanismo esencial y de una enorme practicidad.
Además, hacen falta, y mucha, sistemas de coordinación interinstitucional.
En la Unión Europea existen organismos propios que desarrollan sus propias funciones en relación con los delitos cometidos en los distintos Estados, caso de la recientemente creada Fiscalía Europea, o que facilitan la coordinación entre las autoridades jurídicas nacionales, frecuentemente los ministerios públicos, caso de Eurojust.
Entre América Latina y varios Estados europeos existen instituciones de cierta tradición que en los últimos tiempos han avanzado en sus resultados.
Se trata de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).
Todas ellas articulan las relaciones de los diferentes colectivos que las integran y han establecido las bases para el trabajo durante los próximos años.
Combatir el crimen organizado exige un esfuerzo mayor en la coordinación y en la cooperación.
La seguridad personal y jurídica, tanto como el desarrollo económico y social, supone no agotar los esfuerzos en exclusiva en el funcionamiento de sistemas de asistencia entre los distintos operadores jurídicos.
En un mundo globalizado no basta con aplicar sistemas que se agoten en las fronteras estatales ni aun en las continentales, máxime con el flujo económico, cultural y familiar que existe entre América Latina y la Unión Europea, especialmente sus Estados meridionales.
La coordinación entre las instituciones comunitarias y las nacionales de los Estados latinoamericanos ha comenzado, pero no es suficiente. En el mundo interdependiente de hoy, la cooperación es imprescindible para enfrentarse a retos que son comunes.
Nuestros conocimientos y nuestras acciones se complementan y refuerzan recíprocamente.
El buen funcionamiento de la lucha contra el crimen organizado en pos de una mayor seguridad jurídica y un desarrollo económico y social exige el acompañamiento mediante fórmulas de cooperación más efectivas que trasciendan de los aspectos estrictamente jurídicos.
Y el momento actual sin duda es clave.
