La Asociación de Fiscales (AF) ha renovado el 42,8 % de su Comisión Ejecutiva en el marco de su XXV Congreso, que ha celebrado en Santiago de Compostela bajo el lema «La voz de la carrera».
Un encuentro en el que han participado más de 460 fiscales de toda España en el que han decidido la nueva composición de su Dirección que ha quedado compuesta por Cristina Dexeus, que continúa en la responsabilidad de presidenta, Antonio Roma Valdés, Rosa Frías Martínez, José Soler Llácer, Evangelina Ríos Dorado, José María Morales Bravo y Gonzalo Ortega Arroyo.
Estos tres últimos son los nuevos integrantes, que vienen a sustituir a Vicente Garrido, Esther Moreno Amaya y Enrique Valdés-Solís Iglesias.
En su declaración final, tras un amplio debate plenario, la Asociación de Fiscales se ha pronunciado sin fisuras en un respaldo expreso al Tribunal Supremo frente a las críticas vertidas en los últimos días tras conocerse el fallo de la sentencia que ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a 2 años de inhabilitación por un delito probado de revelación de secretos.
«La Asociación de Fiscales exige que se respeten las actuaciones y resoluciones judiciales como manifestación de la independencia judicial, y rechaza por ello cualquier injerencia en la labor de los tribunales», afirma.
Y añade: «Ante las críticas efectuadas en los últimos días, la Asociación de Fiscales manifiesta su respeto al Tribunal Supremo como máxima autoridad jurisdiccional«.
Las críticas, muchas de ellas procedentes de miembros del Gobierno, no tienen precedentes en la historia de la democracia española, como las de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha calificado la condena de “sentencia política … que se dirige al Gobierno de coalición”; el ministro del ramo de Justicia, Félix Bolaños, que, aunque más comedido, ha declarado que «no la comparte»; u Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, que ha afirmado que la condena es “profundamente injusta” y ha dicho que “hay gente usando la Justicia para hacer política”.
«Las críticas en términos políticos, dirigidas desde el Gobierno u otras instituciones, sólo sirven para erosionar la arquitectura constitucional», asevera en su comunicado.
Además, muestra su “indignación” por la situación a la que, a su juicio, el actual fiscal general del Estado ha sometido a la carrera fiscal. Asimismo, reclama que este cargo recaiga en juristas de prestigio “objetivamente reconocido” y sin sesgos partidistas –en referencia clara a García Ortiz– el fin de reforzar la percepción de imparcialidad ante la ciudadanía.
Esta Asociación, desde el principio de la instrucción de este caso, pidió repetidas veces que García Ortiz presentara la dimisión.
Por ello, exige que se respeten las actuaciones y resoluciones judiciales como manifestación de la independencia judicial, y rechaza por ello cualquier injerencia en la labor de los tribunales.
“Defendemos el valor del Estado de Derecho y de todas las instituciones que lo conforman. El Ministerio Fiscal es una institución al servicio de la sociedad que debe ejercer sus funciones de manera imparcial y comprensible para todos los ciudadanos, conforme al principio de legalidad, sin adoptar posicionamientos partidistas», subrayan.
En el terreno interno, el Congreso ha reafirmado el compromiso de la Asociación con la defensa de los derechos profesionales de los fiscales y ha destacado la capacitación técnica de la Carrera para asumir nuevas funciones.
También ha insistido en la necesidad de un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que garantice una independencia “real y efectiva”, con un régimen jurídico propio para el Fiscal General que incluya nombramientos y ceses «sujetos a plazos diferentes a los del Gobierno de la Nación y que contemple el cese en caso de imputación penal –para evitar una situación como la sufrida con el caso de García Ortiz– así como su régimen de abstención, incompatibilidad y responsabilidad civil y penal».
La carrera fiscal está compuesta por 2.683 fiscales; 28 de primera categoría, 2.229 de segunda y 426 de tercera.
PREMIOS AF
El XXV Congreso de la AF fue clausurado, como se dice en comunicación, «en alto», con la entrega de premios Carmen Tagle y Luis Portero, los dos añorados fiscales asesinados por la banda terrorista ETA, que esté año recayeron en la Asociación Dignidad y Justicia, que preside Daniel Portero –hijo de Luis Portero–, Pedro Ariche, teniente fiscal superior de Cataluña, y Antonio Narváez, magistrado del Tribunal Supremo, exmagistrado del Tribunal Constitucional y exfiscal.
