La Asociación de Fiscales (AF) ha solicitado a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que haga público el decreto por el que se acordó el reingreso de Álvaro García Ortiz, su antecesor en el cargo, a la carrera fiscal, al considerar que se trata de una decisión de «interés general» que «trasciende al régimen propio» del Ministerio Público.
En una carta dirigida a Peramato, la asociación mayoritaria subraya que el decreto «debe contener la motivación propia de toda resolución, judicial o administrativa”, una exigencia que —añade— se intensifica cuando se adoptan decisiones discrecionales, ya que constituye “la única forma de excluir la arbitrariedad».
La AF sostiene que dicha motivación debe atender «a la entidad del delito cometido», cuya trascendencia califica de «pluridimensional». En este sentido, apunta que su gravedad no deriva únicamente de la infracción del ordenamiento jurídico por parte de quien tenía «la obligación funcional y de origen constitucional de preservarlo», quebrantando el deber de reserva respecto de datos conocidos en el ejercicio de sus funciones, sino también de otras consecuencias añadidas.
Según la asociación, la actuación de García Ortiz «ha laminado la credibilidad del Ministerio Fiscal y la confianza de los ciudadanos» en la institución. Por ello, considera que, para «sanar estas heridas» y para emprender la «nueva andadura» a la que Peramato aludió en la reunión mantenida con las asociaciones de fiscales el pasado lunes, resulta necesario hacer público el decreto.
Estudio del concepto de delito doloso
La AF recuerda que, al día siguiente de dicho encuentro, «numerosos medios de comunicación se hicieron eco» del decreto por el que se acordaba el reingreso de García Ortiz en la carrera fiscal y su adscripción a la sección de lo Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo. García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación exclusivamente para el cargo de fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos.
La asociación destaca que esta información «no fue desmentida por la Fiscalía General del Estado» ni por la propia Peramato. En este contexto, señala que entendió que el decreto se haría público, al tratarse de una cuestión «no solo de enorme trascendencia mediática por ser de interés público», sino también porque las informaciones difundidas apuntaban a «una doctrina jurídica de aplicación general a todos los miembros del Ministerio Fiscal».
Asimismo, la AF afirma haber conocido a través de la prensa que la Inspección Fiscal llevó a cabo un estudio sobre el alcance del concepto de delito doloso, con el fin de determinar si la condena de García Ortiz —dictada por sentencia de 9 de diciembre de 2025— implicaba o no la pérdida de su condición de fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto del Ministerio Fiscal y su reglamento.
La asociación presume que, al tratarse de un procedimiento reglado, dicho estudio dio lugar a una propuesta de resolución y que, sobre la base de esas actuaciones, la fiscal general del Estado dictó el decreto de reingreso y adscripción.
