Las nueve asociaciones han realizado un comunicado conjunto, en el que critican la «injerencia política inadmisible» del Gobierno en el sistema de oposiciones. Ello, en relación al documento publicado por el Ministerio de Función Pública y Transformación Digital emitido el 21 de julio, titulado «Consenso por una Administración abierta». Un consenso que niegan desde las asociaciones de funcionarios, jueces y fiscales.
Este pasado lunes, 21 de julio, el ministerio de Óscar López hacía público un nuevo modelo de selección de personal público. Un plan que, tal y como indicaba la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, se centraba en que los aspirantes a los grupos A1 y A2 tuvieran que pasar por una formación reglada de dos años, y superar posteriormente un examen para poder optar a la plaza.
Modelo que, según la secretaria de Estado, garantizará «de manera real» la igualdad de oportunidades a los aspirantes de estos puestos públicos.
Planteamiento que no ha tardado en concentrar las críticas de las asociaciones de funcionarios públicos, jueces y fiscales.
En concreto, nueve han sido las asociaciones que han hecho público un comunicado conjunto en contra de esta medida: la asociación de Fiscales (AF), Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Abogados del Estado. También Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS), Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (APSITAL), Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado (ACSIAE).
Una reforma de oposiciones «política»
«El documento, como ya se está programando para los cuerpos de la carrera judicial y fiscal, entraña un grave peligro. Ello, por cuanto pretende sustituir los actuales procesos selectivos, existentes e imparciales, por procesos a la carta», critican en el comunicado estas asociaciones.
Un cambio que no sólo pone en peligro la preparación del funcionario, sino que también supone «una injerencia política inadmisible y sin precedentes».
«Consenso por una Administración abierta» que, tal y como sostienen las asociaciones firmantes, no es «un consenso cierto». Y es que desde el Gobierno «no se ha tenido en cuenta la opinión de los cuerpos funcionariales que se verán afectados».
Tampoco se ha tenido en cuenta, según las firmantes, «a los opositores que están preparando, con un enorme esfuerzo personal y económico, una dura oposición, y que verán truncadas sus aspiraciones».
Un «rotundo rechazo» de las asociaciones firmantes que se une a la «elevada preocupación» de la imposición de este nuevo modelo de oposiciones. «Sin consenso, y bajo la falsa idea de modernizar y democratizar el acceso a la función pública».
