La implantación definitiva de los Tribunales de Instancia, tras la finalización del periodo previsto en la Ley Orgánica 1/2025, conocida como la Ley de Eficiencia, ha derivado en un funcionamiento caótico de los nuevos órganos jurisdiccionales. Así lo ha denunciado la Asociación de Fiscales (AF), que asegura que sus advertencias previas se han visto confirmadas en la práctica.
En un comunicado de este viernes 16 de enero de 2026, la Comisión Ejecutiva de la AF señala diversos problemas estructurales que, a su juicio, están afectando gravemente al servicio público de la Justicia y a los derechos de los justiciables.
Entre las principales deficiencias, la asociación destaca la falta de previsión del Ministerio de Justicia en el cálculo y ampliación de plazas de fiscales y jueces. Algo que, según la asociación, impide afrontar la nueva organización judicial en condiciones adecuadas de calidad y eficacia.
Especial preocupación genera la situación de las nuevas Secciones de Violencia de Género.
Según la AF, las materias asumidas por estos órganos han puesto de manifiesto importantes carencias en el estudio de los aspectos competenciales, tanto en la fase de instrucción como en la de enjuiciamiento. La extensión de la competencia objetiva, advierten, será difícilmente asumible y puede dar lugar a conflictos competenciales que se resuelvan de forma desigual según la provincia.
La creación de tribunales comarcales de instancia en materia de violencia de género ha tenido, además, un impacto directo en las víctimas. La Asociación de Fiscales denuncia que algunas de ellas se ven obligadas a realizar desplazamientos superiores a 80 kilómetros o a comparecer por vía telemática, lo que perjudica la atención personal que exige la función protectora de fiscales y jueces. Esta situación, subrayan, provoca una revictimización evidente y puede tener efectos disuasorios a la hora de interponer denuncia.
A ello se suma que la presentación de atestados o denuncias fuera del horario de apertura de estos tribunales puede obligar a trasladar la resolución sobre las medidas de protección a partidos judiciales distintos de aquellos donde se produjeron los hechos, con recorridos que en algunos casos superan una hora de duración.
Desorganización interna tras la llegada de la Ley de Eficiencia
La AF también denuncia que en numerosos partidos judiciales, especialmente en los de mayor tamaño, no se ha definido de forma adecuada la organización interna de las oficinas judiciales comunes, ni en lo relativo al personal ni a los letrados.
En conclusión, la Asociación de Fiscales considera que el Ministerio de Justicia ha iniciado la reforma contemplada en la Ley de Eficiencia “sin un plano comprensible” del nuevo modelo judicial, sin la dotación de medios materiales necesarios, sin una planificación clara de su funcionamiento a medio plazo y con defectos en la articulación de la competencia objetiva y la comarcalización.
Unos problemas que, recuerdan, ya fueron advertidos en su momento y que no solo afectan a los profesionales, sino también, y de forma directa, a la ciudadanía.
