El presidente catalán, Quim Torra, se ha acogido hoy a su derecho a no declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) como investigado en la segunda causa por presunta desobediencia, por mantener la pancarta con el lazo amarillo en el Palacio de la Generalitat en septiembre de 2019.
Torra, que ha llegado al TSJCat arropado por la plana mayor del independentismo, ha comparecido ante el magistrado instructor, Juan Carlos Ramos Rubio, apenas tres minutos, en los que le ha comunicado su voluntad de acogerse a su derecho a no declarar, ni siquiera a su defensa.
La Sala de lo Civil y Penal admitió a trámite el testimonio contra él remitido por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso, que le exigió en septiembre la retirada cautelar de dicha pancarta a raíz de un recurso presentado por la asociación Impulso Ciudadano, que invocaba el deber de objetividad de las instituciones recogido por la Constitución.
Impulso Ciudadano, que preside José Domingo, letrado de la administración de la seguridad social, ejercitará la acusación popular.
TORRA DICE QUE EL TRIBUNAL NO ES NEUTRAL
A su salida del TSJCat, Torra ha manifestado a los periodistas, acompañado del abogado Gonzalo Boye, que se ha acogido a su derecho de no declarar porque considera que no es un tribunal neutral.
«Yo le he dicho al magistrado que aquel no era un tribunal neutral, que dijera lo que dijera, y haga lo que haga, esta sentencia ya está escrita y que, por tanto, me acogía a mi derecho de no declarar», ha explicado.
ESTÁ PENDIENTE DE LA SENTENCIA DEL SUPREMO
Torra fue condenado por el TSJCat el pasado diciembre a un año y seis meses de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de que retirara los lazos amarillos de los edificios públicos en período electoral, las elecciones generales del pasado 28 de abril.
El Tribunal Supremo celebró el próximo 17 de septiembre la vista del recurso de casación de Torra contra esa sentencia.
Próximamente se conocerá el fallo del tribunal, integrado por los magistrados Andrés Martínez Arrieta (presidente), Juan Ramón Berdugo (ponente), Antonio del Moral, Vicente Magro y Susana Polo.
La fiscal Pilar Fernández Valcarce ha pedido al Supremo que confirme la condena.
