Cinco magistrados del Supremo han escuchado hoy los argumentos de la defensa de Torra contra la condena de año y medio de inhabilitación que le fue impuesta por desobedecer a la JEC, los de la Fiscalía, y los de la acusación popular, que ejerce VOX; el fallo se conocerá en los próximos días. Foto: EP
La Fiscalía pide al Supremo que ratifique la condena del TSJCat a Torra por desobediencia
Ha defendido que la JEC sí es competente, que el presidente catalán desobedeció, y la imparcialidad del tribunal que lo condenó
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17/9/2020 14:48
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Actualizado: 17/9/2020 16:22
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La fiscal Pilar Fernández Valcarce ha solicitado hoy a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) que confirme la condena al presidente catalán, Quim Torra, por desobediencia, que le impuso el pasado diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los símbolos independentistas de los edificios públicos en período electoral, el de las elecciones del 28 de abril de 2019.
La fiscal ha impugnado todos los motivos del recurso de casación de Torra, y ha defendido que la JEC sí es competente para sancionar a Torra, la imparcialidad del tribunal que lo condenó, y ha negado que se juzgara un acto político, sino electoral.
Fernández Valcarce ha rechazado también que las ordenes dadas por la JEC a Torra fueran ilegales y de imposible cumplimiento por afectar a su libertad de expresión, tal y como expone la defensa en su recurso, y ha recordado que se trataba de disposiciones en el marco de un proceso electoral regido por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que está obligada «a que se revisen, se neutralicen o se sancionen» las actuaciones de naturaleza como las realizadas por Torra.
El TSJCat sentenció al presidente catalán a un año y seis meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros.
La decisión del tribunal de la Sala de lo Penal del Supremo se conocerá en los próximos días.
Si confima la inhabilitación, Torra tendía que abandonar la presidencia del Gobierno catalán.
Esta mañana, antes de la vista del recurso de casación, Quim Torra ha publicado un tuit con una foto de la pancarta que no descolgó de la fachada del Palacio de la Generalitat, pese a la orden de la JEC. Llevaba el mensaje «Libertad presos políticos y exiliados», en catalán e inglés, y un lazo amarillo.
«Pues sí, libertad presos políticos y exiliados», ha escrito Torra junto a la imagen.
Doncs sí: llibertat presos polítics i exiliats pic.twitter.com/RS0n9dft9a
— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) September 17, 2020
La vista ha comenzado a las 12.00. Torra ha llegado al Supremo unos veinte minutos antes.
A las puertas del Alto Tribunal ha sido recibido por una comitiva formada por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián; la portavoz parlamentaria de JxCat, Laura Borràs; los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Elisenda Paluzie y Marcel Mauri, respectivamente; y el diputado de la CUP Albert Boltrán, entre otros.
De izquierda a derecha: El vicepresdiente de la Generalitat, Pere Aragonès; la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs; y el presidente de la Generalitat, a las puertas del Supremo. Foto: EP
Ha entrado al Supremo acompañado por el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y la consejera de Presidencia catalana, Meritxell Budó, quienes han asistido como público.
LO EXPUESTO POR LA DEFENSA DE TORRA
La defensa de Torra, Gonzalo Boye, ha dicho que su cliente no participaba del proceso electoral por el que fue sancionado, puesto que era una persona sobre la que la JEC no era «autoridad superior» y no solo se le sanciona sino que se le deduce testimonio se le denuncia y se le lleva a juicio.
«Hemos buscado distintas interpretaciones para ese trato distinto y solo se nos ha ocurrido una en base al artículo 2 del tratado de la UE, que se trate de una minoría nacional, de otro modo no tiene ninguna explicación en derecho este trato distinto que ha tenido mi defendido», ha manifestado.
Boye ha afirmado que la condena supone una vulneración de derechos fundamentales, como el de libertad de expresión o participación política.
También ha pedido al tribunal su absolución del delito de desobediencia alegando que su decisión de desoír a la Junta fue un «acto político» amparado por su libertad de expresión e inviolabilidad como parlamentario.
Además, ha afirmado que la JEC no es un órgano superior al presidente de la Generalitat ni competente para dictarle órdenes en unas elecciones generales.
Boye ha arremetido contra los jueces que condenaron a Torra y contra el vocal de la Junta Electoral Central Andrés Betancor, asesor de Ciudadanos.
Ha destacado el hecho de que Betancor estuviera a sueldo de Ciudadanos, que fue el partido que denunció los hechos ante el órgano supervisor del proceso electoral.
Del tribunal que lo juzgó ha señalado que algunos de sus miembros vertieron declaraciones públicas contra el gobierno presidido por Torra.
También ha dicho que el presidente catalán estaba amparado por la inviolabilidad parlamentaria como diputado del Parlamento catalán, por lo que ha pedido que se le dé «el mismo trato» que el que recibió la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, quien llamó terrorista al padre del vicepresidente de Gobierno Pablo Iglesias, en sede parlamentaria «y no le ha pasado nada».
Boye también ha denunciado que Torra ha recibido un trato más severo que otros políticos sancionados por el árbitro electoral por pertenecer a una «minoría nacional».
Además, el letrado ha vuelto a pedir al Supremo que eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TEDH) las cuestiones prejudiciales sobre el caso que el TSJCat desestimó en su día, para que en Europa se garantice «libre circulación, no solo de personas, sino también de resoluciones judiciales».
Por su parte, la acusación popular, ejercida por la abogada Marta Castro en representación de VOX, ha impugnado los motivos de la defensa de Boye.
Castro ha recordado que los argumentos de éste olvidaban cuestiones esenciales como el principio de legalidad, puesto que «nadie está por encima de la Ley».
Además, ha calificado la intervención de Boye ante el tribunal de «mero marketing político» con escaso rigor jurídico.
Una vez concluida la vista, Castro ha manifestado a las puertas del Supremo que «Torra infringió la ley y tiene que tener sus consecuencias, no cabe un trato favorable».
El presidente catalán ha salido del Supremo sobre las 13.15, y a continuación ha hecho una declaración institucional en la que ha dicho que descarta elecciones.
«No seré yo quien en este momento tan crítico para el país, lo aboque a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la administración catalana», ha manifestado.
«Tienen que saber que, en cualquier caso, que no solo me inhabilitan a mí. Hoy este tribunal tiene en sus manos la caída de un ‘Govern’, el final de una legislatura», ha añadido.
TIENE OTRA INVESTIGACIÓN ABIERTA POR DESOBEDIENCIA
El TSJCat abrió el pasado febrero una nueva investigación a Torra por presunta desobediencia, por mantener la pancarta con el lazo amarillo en el Palau de la Generalitat en septiembre de 2019.
El tribunal admitió a trámite el testimonio contra él remitido por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso, que le exigió en septiembre la retirada cautelar de dicha pancarta a raíz de un recurso presentado por la asociación Impulso Ciudadano, que invocaba el deber de objetividad de las instituciones recogido por la Constitución.
Esta asociación, que preside José Domingo, letrado de la administración de la seguridad social, ejercitará la acusación popular.
Impulso Ciudadano solicitó el pasado 5 de abril al TSJCat la apertura de otro procedimiento penal a Torra.
Explica que el 3 de enero de este año Torra entregó la citada pancarta a la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, pero que poco después apareció de nuevo colocada en el balcón del Palacio de la Generalitat, donde permaneció hasta el 22 de enero, en protesta por la pérdida de la condición de diputado de Torra.
“Es la segunda vez que Torra es encacusado por desobediencia, y puede que no sea la última”, señaló entonces Impulso Ciudadano.
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